La Mecha EncendidaLa Justicia Federal argentina dictó el sobreseimiento y la consecuente absolución de todos los imputados en la emblemática causa conocida como "Fútbol Para Todos" (FPT). Esta decisión judicial pone fin a un extenso proceso de investigación centrado en supuestas irregularidades, desvíos de fondos y enriquecimiento ilícito asociados al programa estatal que garantizaba la transmisión gratuita de los partidos de fútbol de primera división.
El fallo, emitido por el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8), abarcó a la totalidad de los acusados que llegaron a juicio oral, entre quienes se encontraban figuras políticas de relevancia de la gestión kirchnerista, como el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y el exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto. La decisión judicial concluyó que las operatorias financieras y el manejo de los fondos públicos asignados al programa FPT, a pesar de las controversias políticas y mediáticas, no constituyeron delito penal.
La investigación se había centrado inicialmente en determinar si existieron desvíos de fondos millonarios y si el dinero destinado al programa de transmisión deportiva fue utilizado para fines ajenos al fútbol, incluyendo supuestas campañas de propaganda política encubierta o enriquecimiento personal. La fiscalía sostenía la tesis de que se habían cometido delitos de peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público en la administración de los más de 9.000 millones de pesos que manejó el programa FPT a lo largo de los años.
Sin embargo, el Tribunal consideró, tras analizar la prueba presentada durante el debate oral, que no se pudo probar la existencia de un perjuicio para la administración pública ni la malversación de fondos con fines personales. Los jueces determinaron que las transferencias y el manejo presupuestario se encontraban dentro de las facultades y el marco regulatorio del programa, lo que llevó a la absolución total.
La resolución del TOF 8 implica que el Poder Judicial considera que el programa FPT, más allá de la polémica por la finalidad de sus recursos, no fue un vehículo de corrupción penal. Los sobreseídos, incluido Aníbal Fernández, quien había sido acusado por la supuesta falta de controles en la administración de los fondos, quedan desvinculados de las imputaciones penales en esta causa.
