Según detalló en sus redes sociales, las casas fueron cedidas por el Ministerio de Economía y asignadas directamente “sin intermediarios, sin amigos de la política”, en el marco de un plan federal que proyecta la recuperación de 329 viviendas en todo el país.
Sin embargo, el anuncio generó fuertes cuestionamientos por parte de vecinos, funcionarios y referentes sociales de Avellaneda, quienes denuncian que las viviendas ya habían sido adjudicadas a familias que las estaban pagando desde hacía meses.
Las casas, construidas durante el gobierno de Alberto Fernández, formaban parte del programa PROCREAR, una política pública de acceso a la vivienda que se destacó por su transparencia y alcance federal. “Nunca hubo una denuncia sobre la entrega de estas viviendas. Es una de las políticas más avanzadas que ha tenido el país en materia habitacional”, señalaron desde sectores vinculados al hábitat.
Según trascendió, varias familias adjudicatarias contaban con documentación oficial, incluso créditos activos, y se encuentran en una situación de extrema incertidumbre tras el anuncio del gobierno nacional.
Desde la Municipalidad de Avellaneda adelantaron que evalúan acciones legales para frenar lo que califican como una “usurpación institucional” y reclamaron el respeto a los derechos adquiridos por las y los vecinos.
La controversia reabre el debate sobre el uso y destino de los recursos públicos en materia de vivienda, así como el rol del Estado en garantizar el acceso justo y equitativo a un derecho básico como el techo propio.
