La Mecha EncendidaLa medida, dictada en el marco de la transferencia de los principales corredores viales nacionales hacia operadores privados, impacta de manera directa sobre las rutas 12 y 14, consideradas las arterias troncales de la circulación productiva y el transporte de cargas con los países de la región.
Bajo el argumento administrativo de actualizar los cuadros tarifarios para atraer inversiones que garanticen el mantenimiento de las calzadas, el nuevo ordenamiento normativo convalida un encarecimiento desproporcionado del derecho a circular, transformando la infraestructura construida por el Estado en un espacio de captación de renta para los consorcios adjudicatarios.
Este ajuste tarifario de tres dígitos desestima el impacto inflacionario en cadena que el costo del peaje derrama sobre los fletes, la logística comercial y, en última instancia, el precio final de los bienes de consumo básico que transitan por el litoral. El esquema de concesiones diseñado por la administración central desliza una contradicción conceptual profunda, dado que el traspaso de los corredores no se traduce en un riesgo empresarial genuino sujeto a las leyes de la competencia, sino en la asignación estatal de un monopolio de caja cautivo y garantizado por resolución pública. Al estructurar la política vial en torno al flujo de recaudación inmediata en las cabinas de control, la planificación del transporte abdica de su función socioeconómica de fomento productivo para operar como un mecanismo de transferencia de recursos desde los sectores productivos y particulares hacia los balances contables de las empresas licenciatarias.
La lógica implícita detrás de estas actualizaciones normativas revela una reconfiguración conceptual del patrimonio público, donde la noción de gestión privada se reduce en la práctica a la privatización de los excedentes financieros mientras el Estado asume el costo político del ajuste. El parque automotor y el transporte de mercaderías se ven obligados a financiar de manera directa márgenes de ganancia extraordinarios para consorcios que toman el control de vías de comunicación estratégicas sin un correlato equivalente en obras de infraestructura de gran escala. Al clausurar los esquemas de financiamiento público y supeditar la transitabilidad del país a la capacidad de pago y la tasa de retorno corporativa, el modelo desarticula la integración territorial y consagra un paradigma donde el libre tránsito deja de ser una condición para el desarrollo nacional para transformarse en un negocio regulado a la medida de pocos operadores económicos.
