La Mecha EncendidaEl Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado tiene listo un nuevo y ambicioso paquete normativo que promete modificar de manera radical las reglas de juego de diversos sectores de la economía argentina. La propuesta, que comenzó a circular en despachos oficiales durante el fin de semana, reúne más de 300 artículos estructurados bajo el espíritu de desmantelamiento burocrático que caracterizó a iniciativas previas como la Ley Hojarasca. Con un alcance transversal, la norma busca eliminar marcos regulatorios, fijación de precios y exigencias profesionales en áreas fundamentales que van desde el corretaje inmobiliario hasta el transporte marítimo y fluvial.
Entre los puntos más controvertidos del borrador se destaca la desregulación total del mercado inmobiliario, donde se proyecta suprimir la exigencia del título universitario y la matrícula obligatoria para ejercer como corredor. De aprobarse, cualquier persona física o jurídica mayor de edad con título secundario podrá intermediar en operaciones comerciales.
En el rubro de la salud y el consumo masivo, la iniciativa autoriza la venta de medicamentos de venta libre en kioscos y supermercados, al tiempo que libera los horarios comerciales y las formas jurídicas de las farmacias.
En paralelo, el mercado de gas envasado perdería el control estatal sobre precios, márgenes de rentabilidad y cupos de distribución, acotando la función pública exclusivamente a la supervisión de estándares técnicos de seguridad.
La agenda de liberación comercial también alcanza a la industria cultural y a la producción agropecuaria. El texto plantea derogar la ley de precio uniforme del libro —un esquema diseñado originalmente para proteger a las librerías de barrio frente a las grandes cadenas— y elimina la obligatoriedad del doblaje local para producciones audiovisuales extranjeras emitidas en televisión. En el ámbito rural, se deroga la histórica Ley de Arrendamientos Rurales para dejar los plazos y condiciones contractuales a libre pacto entre las partes bajo el Código Civil y Comercial, cancelando además la obligación de nacionalizar la fabricación de productos veterinarios importados a los cuatro años de su autorización.
Finalmente, el proyecto introduce cambios estructurales en la navegación fluvial y marítima al abrir el cabotaje nacional a buques de bandera extranjera de forma gradual, flexibilizando las condiciones de contratación laboral a bordo y otorgando validez legal a la documentación digital de embarque. Con este compendio de medidas, la administración nacional busca profundizar la eliminación de trabas operativas e intermediaciones estatales, mientras el texto comienza su recorrido político en medio de fuertes debates sobre el impacto que estas desregulaciones tendrán en el comercio minorista, los profesionales matriculados y el trabajo local.
