La Mecha EncendidaUna multitudinaria jornada de protesta nacional volvió a convertir los principales accesos urbanos y puntos neurálgicos del país en un escenario de extrema tensión social, luego de que efectivos de la Policía Federal y fuerzas de seguridad nacionales reprimieran con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y despliegue de infantería a las columnas de organizaciones comunitarias y sindicales.
La movilización masiva se gestó como respuesta directa a la decisión gubernamental de discontinuar el programa "Volver al Trabajo", una medida que impacta de manera inmediata en la economía familiar de más de 900 mil personas en todo el territorio argentino y que precipitó un renovado plan de lucha en el espacio público.
El conflicto escaló de forma crítica en accesos estratégicos como el Puente Pueyrredón y las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde la policía interpuso un estricto cordón de contención para impedir el avance de las manifestaciones lideradas por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Polo Obrero y diversos movimientos territoriales.
Ante los intentos de la multitud por mantener los cortes e invisibilizar el reclamo, las fuerzas operativas activaron los protocolos de dispersión arrojando agua a presión e intensos chorros de gas pimienta contra las primeras líneas de marcha, provocando corridas y momentos de máxima confrontación en las arterias bloqueadas.
El detonante central de la jornada fue la resolución emitida por la Cámara Federal de San Martín, la cual revocó las medidas cautelares previas que obligaban al Ministerio de Capital Humano a sostener las acreditaciones mensuales de 78 mil pesos a los beneficiarios. Esta decisión judicial dejó vía libre al Poder Ejecutivo para que a partir del próximo mes cese en forma definitiva la transferencia del subsidio, una asignación que, según denunciaron los referentes de las agrupaciones presentes en la calle, constituía el único sostén diario para los trabajadores de merenderos, comedores populares y proyectos productivos golpeados por la recesión económica.
Desde las organizaciones de la economía popular advirtieron que la quita total de la prestación empuja de forma directa a la indigencia a casi un millón de hogares, al tiempo que implica retirar del mercado interno más de 78 mil millones de pesos mensuales que oxigenaban la actividad comercial en los barrios vulnerables y las economías regionales.
Mientras la administración nacional sostiene la medida bajo el argumento de reorientar el gasto hacia un esquema de capacitaciones laborales, las calles volvieron a reflejar un escenario de creciente conflictividad frente a la falta de respuestas para mitigar el impacto social de la resolución.
