La combinación de una baja estrepitosa en las ventas internas y el aumento de productos extranjeros, principalmente de origen chino, pone en jaque al sector textil provincial y nacional, que ya registra la pérdida de miles de puestos de trabajo y el cierre de cientos de empresas.
Economía22/12/2025
La Mecha EncendidaLa industria textil argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos de los últimos años, enfrentando un escenario de "tormenta perfecta" donde convergen la pérdida del poder adquisitivo de la población y una política de apertura comercial que favorece el ingreso de productos importados. Según datos recientes del INDEC y de la Fundación Proteger, la utilización de la capacidad instalada en este sector cayó por debajo del 33%, el registro más bajo del último bienio. Esta situación se agrava con el avance del gigante asiático, China, que ya domina más del 70% del mercado local, desplazando de manera directa a la manufactura nacional y generando una preocupación creciente en los polos productivos de la provincia de Santa Fe y el resto del país.
El diagnóstico de los referentes del sector, como Luciano Galfione de la Fundación Proteger, apunta a que el primer impacto devastador fue la caída del consumo interno. Al ser la indumentaria un bien elástico, es uno de los primeros consumos que las familias recortan cuando los ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. A este fenómeno se suma la reciente reducción de aranceles a la importación, una medida que, según los industriales, genera una competencia desleal. Mientras se bajan impuestos para productos que recorren más de 20 mil kilómetros para llegar a las góndolas, las fábricas locales deben sostener una estructura de costos pesada, marcada por una alta carga impositiva, costos logísticos elevados y tasas de interés que dificultan cualquier intento de inversión o financiamiento.
La asimetría en las condiciones de competencia es otro de los puntos de conflicto. La industria argentina debe cumplir con regímenes laborales, aguinaldos, vacaciones y normativas ambientales que no existen o no se controlan en los países desde donde provienen las prendas de bajo costo. Esta disparidad distorsiona el mercado y pone a los productores santafesinos en una situación de vulnerabilidad extrema. El costo social de este proceso ya es tangible y alarmante, con un saldo de más de 16 mil puestos de trabajo formales perdidos en todo el territorio nacional y el cierre de más de 300 empresas textiles. La gravedad reside en que este sector es una de las principales fuentes de empleo, especialmente para las mujeres, lo que convierte la crisis industrial en un problema de honda repercusión social.
Frente a este panorama, las voces del sector reclaman con urgencia una política industrial de largo plazo que brinde previsibilidad. Los empresarios advierten que pasar de un extremo de protección a uno de apertura total sin transiciones destruye un capital productivo y humano que lleva años reconstruir. La falta de equilibrio entre el fomento del desarrollo nacional y la búsqueda de precios bajos mediante la importación está formateando un nuevo mapa económico donde las pymes, motor fundamental de la economía regional, se ven obligadas a ajustar sus estructuras o cerrar sus puertas definitivamente ante la imposibilidad de competir en un mercado interno cada vez más reducido y extranjerizado.
La caída sostenida del consumo masivo llevó a la multinacional Mondelēz a detener por completo la producción de su planta de Pacheco durante tres semanas, otorgando licencias a la totalidad de su plantilla ante la acumulación de inventario.
Mientras el gobierno celebra la reducción del ritmo inflacionario, el costo de los servicios básicos y el transporte se ha disparado con incrementos históricos que superan por creces la inflación acumulada, ejerciendo una presión insostenible sobre los presupuestos familiares.
El panorama económico argentino de los últimos dos años (2024-2025) ha estado marcado por la salida o la reestructuración drástica de varias empresas multinacionales que optaron por cesar la producción local o vender sus activos.
El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en Argentina ha tocado un piso histórico, ubicándose actualmente en $322.000, lo que lo posiciona como el de menor poder de compra en las últimas tres décadas.
La incertidumbre política, la elevada inflación y los tipos de interés complican la capacidad de repago de los clientes, llevando a ambas entidades a priorizar la gestión del riesgo y la solidez de su capital por encima del crecimiento.
Analizan medidas de emergencia en Granja Tres Arroyos
El sistema financiero argentino registró un impacto significativo en el mes de octubre, con la base monetaria cayendo un contundente 3,1% en términos reales respecto al mes anterior.
La actividad se desploma y la capacidad instalada quedó cerca del 40 por ciento
Miles de ciudadanos desbordaron las calles de las principales ciudades brasileñas para expresar su rechazo al proyecto de ley que busca beneficiar a los responsables del intento de golpe de Estado de 2023, en una jornada que unió el reclamo político con la presencia de figuras icónicas de la cultura nacional.
Se identifica al gobierno de Milei como el enemigo principal, pero la práctica militante y dirigente sigue secuestrada por la carrera por los cargos y las listas, repitiendo las viejas recetas funcionales al sistema que se dice combatir.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina revela una caída histórica de puestos de trabajo en sectores clave como educación y administración bajo la gestión de Maximiliano Pullaro, mientras se triplican los cargos jerárquicos y se profundiza el conflicto laboral en municipios y empresas del Estado.
La ex presidenta de la Nación fue intervenida quirúrgicamente este lunes tras presentar un cuadro agudo de inflamación abdominal, y según el primer parte médico oficial emitido por el sanatorio, el procedimiento resultó exitoso y la paciente se encuentra estable bajo observación.
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el Ejecutivo nacional impulsa una masiva subasta de activos que incluye desde predios ferroviarios y militares hasta terrenos destinados a viviendas sociales, en un proceso cuestionado por especialistas como un "saqueo sistemático" de los bienes comunes.