La Mecha EncendidaLos acusados enfrentan cargos por delitos contra la soberanía nacional, derivados de la presunta cesión ilegal de facultades ejecutivas en materia cambiaria a la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, lo que habría permitido una intervención directa en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para manipular la cotización del dólar.
La presentación judicial, radicada en el Juzgado Federal N° 12 a cargo del juez Julián Ercolini, fue impulsada por el economista Claudio Lozano, el abogado Jonatán Baldiviezo, la ingeniera María Eva Koutsovitis, el letrado Marcos Zelaya, junto a Unidad Popular, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. En el escrito, se detalla que esta "delegación de facto" se materializó mediante negociaciones directas entre Milei y el expresidente estadounidense Donald Trump, y entre Caputo y el empresario Scott Bessent, permitiendo que entidades financieras como los bancos Santander, Citi y J.P. Morgan operen por cuenta del Tesoro norteamericano para comprar pesos argentinos y fijar el valor del dólar financiero (CCL).
Los delitos imputados configuran un "concurso de figuras penales" que incluyen negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265 del Código Penal), infidelidad diplomática que compromete la dignidad de la Nación (art. 225), abuso de autoridad y violación de deberes de funcionarios públicos (arts. 248 y 249), fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5°) y agiotaje financiero contra el orden económico (art. 309). Los denunciantes argumentan que, al autorizar esta injerencia, los funcionarios incumplieron su juramento de lealtad y patriotismo, calificándolos de "traidores a la patria" y exponiendo a la economía argentina a una "vulnerabilidad total".
El núcleo de la acusación radica en la intervención "fáctica y directa" de Estados Unidos en el MULC, regido por el BCRA, donde el organismo central no solo omitió bloquear la operación extranjera, sino que facilitó su continuidad. "Esa delegación ilegal ha transferido el poder de fijar el valor del peso, el sistema de precios y la competitividad de la economía a una potencia extranjera, en flagrante detrimento del interés nacional y el futuro de los argentinos", se lee en el texto judicial. Además, se subraya que esta cesión no fue un acto aislado, sino parte de un esquema de coacciones que incluye exigencias estadounidenses en acuerdos comerciales y facilidades para inversiones en sectores estratégicos como energía, minería, uranio, litio y petróleo.
El contexto histórico de la denuncia es alarmante: según los impulsores, no existe precedente en la democracia argentina –ni siquiera en dictaduras– de una entrega tan explícita de soberanía económica a un poder extranjero. La medida se enmarca en un momento de tensión cambiaria, con reservas netas del BCRA en terreno negativo y un dólar paralelo volátil, agravado por la dependencia de financiamiento externo. La presentación enfatiza que esta intervención no fue "asistencial desinteresada", sino un mecanismo de control que socava la autonomía nacional.
Hasta el cierre de esta edición, ni el Gobierno ni los denunciados han emitido declaraciones oficiales sobre la causa. Fuentes cercanas al Ejecutivo minimizaron el impacto, calificándolo de "opereta opositora", aunque el caso podría escalar si el juez Ercolini decide avanzar con medidas de prueba. Mientras tanto, organizaciones como Unidad Popular convocan a movilizaciones para repudiar lo que llaman "entrega del patrimonio nacional".
