Tras el procesamiento del gendarme que hirió a Pablo Grillo, la justicia pone la lupa en el protocolo antiprotestas

Patricia Bullrich está afrontando un tramo final de campaña cuesta arriba. El Poder Judicial está haciendo foco en la actuación del ministerio y las fuerzas de seguridad a su cargo. Poco después de que la jueza María Servini procesara al gendarme que hirió gravemente a Pablo Grillo y al prefecto que hizo que Jonathan Navarro perdiera la visión de un ojo, el juez Martín Cormick dio por cerrado el período de recolección de prueba y, tras la opinión de la fiscalía, se pronunciará sobre la constitucionalidad del protocolo antiprotestas –que es el andamiaje que le permitió a Bullrich desplegar represiones violentas y desproporcionadas desde que Javier Milei llegó al Gobierno.

El expediente en el que se plantea la inconstitucionalidad de la resolución 943 se inició en 2023, poco después de que apareció publicada en el Boletín Oficial. Durante más de un año y medio se reunieron evidencias sobre las consecuencias de la aplicación del protocolo diseñado por Bullrich.

Ahora, la fiscal María Eugenia Sagasta deberá pronunciarse. Se calcula que podría demorarse entre una o dos semanas, estimaron quienes siguen el expediente en el fuero contencioso administrativo federal. Es posible que para fines de mes Cormick esté en condiciones de evaluar si lo que tiene le alcanza para dictar sentencia. El juez incluso fue a la zona de Congreso para monitorear personalmente cómo se llevaban a cabo los operativos.

“Es muy importante que se haya clausurado esta etapa probatoria”, afirma Diego Morales, director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización que impulsa el expediente junto con Amnistía Internacional, entre otros. “Este es un caso que no solo refiere a la inconstitucionalidad de la norma sino también a la práctica que ha generado. Esperamos tener una sentencia pronto”, remarca el abogado.

Desde que se puso en marcha el protocolo antiprotestas, hubo personas heridas por el accionar desproporcionado de las fuerzas de seguridad. Entre las víctimas se cuentan personas mayores, niños o niñas y trabajadores de prensa. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) estimó que, solo hasta el primer semestre de este año, al menos 2467 personas resultaron heridas en manifestaciones y 223 fueron detenidas.

Uno de los casos que se ofrecieron como prueba en el proceso fue el de Matías Aufieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), que perdió la visión de un ojo por un balazo de goma que le disparó un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) mientras él trabajaba en asistir a los heridos de la represión del 1 de febrero de 2024.

“El CELS y Amnistía Internacional me convocaron a dar testimonio en la causa, y di cuenta de la represión que se vio habilitada a partir del protocolo. Es una impunidad escandalosa que ningún juez federal se atrevió a discutir”, relata Aufieri. “En la causa penal por mi caso, patrocinado por Myriam Bregman, el juzgado de Julián Ercolini hace un año retrasa la indagatoria de 19 miembros de la PFA, habilitando la impunidad con la que se siguió reprimiendo, lo que derivó en los casos de Pablo Grillo y Jonathan Navarro. Por eso, estamos expectantes de que este amparo de fondo, contra la constitucionalidad del protocolo, finalmente tenga una resolución acorde a las libertades democráticas más elementales.”

El martes, la jueza Servini procesó al gendarme Héctor Jesús Guerrero por haber ocasionado lesiones gravísimas a Grillo el 12 de marzo pasado. En su resolución, la jueza afirmó que el accionar de Guerrero —que efectuó al menos seis disparos, en contra de lo que indican los reglamentos— fue en el marco de la aplicación del protocolo antiprotestas. Servini también dictó el procesamiento contra el prefecto Sebastián Martínez, que disparó contra Navarro.

Bullrich, que está en campaña para el Senado, salió nuevamente a justificar el accionar violento de las fuerzas. “Quisieron tomar el Congreso y las fuerzas de seguridad reaccionaron para defender la institución”, dijo después de conocerse los procesamientos. 

Bullrich, de hecho, había denunciado un acto de sedición ante los tribunales federales de Comodoro Py, pero no logró mandarle evidencia que sustente sus dichos al fiscal Franco Picardi. Todo el episodio fue tan falto de sustento que la ministra tuvo que desplazar a su director de inteligencia criminal, quien supuestamente le brindó la información de que había un ataque a las instituciones en ciernes.

Más allá de las excusas que ensayó por televisión, Bullrich acusó recibo del golpe, que significó el procesamiento dictado por Servini. “Terminaron generando en las fuerzas de seguridad la idea de que si me muevo va a pasar algo me parece un enorme error para la democracia argentina”, se quejó la ministra.

 No son solo los casos de Guerrero y Martínez, también está procesado el efectivo de la PFA que gaseó a la nena Fabrizia Pegoraro, Cristian Rivaldi. Todos estos episodios muestran que Bullrich podrá dejar el Ministerio de Seguridad, pero los agentes seguirán desfilando por los tribunales por las represiones que desplegaron.