La Mecha EncendidaUna denuncia penal contra el presidente Javier Milei ha sido presentada ante la Justicia por presunto abuso de autoridad, en relación con sus declaraciones públicas sobre la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK). La acusación, basada en el artículo 248 del Código Penal, sostiene que Milei incurrió en un delito al admitir haber influido directamente en un proceso judicial, violando la independencia del Poder Judicial y la división de poderes establecida en la Constitución Nacional.
El detonante de la denuncia es una frase pronunciada por el propio Milei durante un acto público: "Soy el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa". Según los denunciantes, esta no es una mera opinión política, sino una "confesión explícita" de un acto de poder ilegal, que coloca al Ejecutivo por encima de los jueces y contraviene el artículo 109 de la Constitución, el cual reserva al Poder Judicial la potestad de impartir justicia.
"Al atribuirse la facultad de decidir quién va preso, el Presidente se coloca por encima de los jueces", se argumenta en la presentación judicial. Además, se invoca el artículo 366 inciso b del Código Procesal Penal Federal, que permite la revisión de sentencias firmes si se demuestra falsedad o ilegitimidad en la prueba o en el proceso, especialmente cuando un jefe de Estado reconoce haber influido en él. La denuncia no solo busca sanciones penales –que incluyen prisión e inhabilitación para el funcionario–, sino también defender el Estado de Derecho ante lo que se describe como un "lawfare" confesado.
Lawfare y persecución política: La "confesión" de Milei como prueba clave
Los impulsores de la denuncia interpretan las palabras de Milei como una admisión de que la prisión de CFK es de carácter político, no judicial. "Cuando Milei dice que él metió presa a Cristina, confiesa algo gravísimo: que el lawfare existió, que la persecución fue política, y que él la avala", reza el texto de la presentación. Se acusa al presidente de haber avalado una Justicia no independiente, donde el Código Penal se usa como "arma" contra opositores.
Esta revelación, según los denunciantes, sería suficiente en "cualquier país serio" para iniciar un juicio político contra el mandatario. Además, se denuncia una colusión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, que habría afectado el debido proceso y la garantía de defensa en el juicio contra CFK. Entre los argumentos para anular la sentencia se mencionan vínculos entre jueces y fiscales –como partidos de fútbol con el expresidente Mauricio Macri–, la influencia de medios de comunicación y frases como "la bala que no salió y el fallo que sí saldrá".
"Cristina es una presa política", concluye la denuncia, exigiendo la "anulación definitiva" de la condena contra la principal líder de la oposición. El caso pone en el centro del debate la independencia judicial en Argentina, en un contexto de crecientes tensiones entre el gobierno libertario de Milei y el peronismo kirchnerista.
Hasta el momento, ni la Presidencia ni el equipo legal de Milei han emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia. Fuentes cercanas al Gobierno minimizaron el hecho como una "maniobra opositora", pero el eco en redes sociales y medios independientes ha avivado el fuego de la controversia. La Justicia deberá determinar si las declaraciones del presidente configuran un delito o se limitan a una expresión retórica.
