La Mecha EncendidaEn un movimiento que busca salvaguardar uno de los emblemas de la soberanía tecnológica argentina, un grupo de legisladores opositores presentó esta semana en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para proteger el desarrollo y financiamiento del reactor nuclear CAREM-25. La iniciativa, impulsada por bloques peronistas y de izquierda, responde a las recurrentes amenazas de paralización del proyecto bajo la gestión actual, marcada por recortes presupuestarios y despidos masivos que han puesto en jaque esta innovación 100% nacional.
El CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), diseñado íntegramente por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), representa un hito en la industria nuclear local. Este reactor modular de baja potencia, con una capacidad inicial de 32 megavatios eléctricos –suficiente para abastecer a unos 120.000 habitantes–, integra avances como circulación natural del refrigerante y un diseño autopresurizado que prioriza la seguridad y eficiencia. Su construcción, iniciada en 2014 en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires, no solo promete dinamizar la cadena de proveedores argentinos –con al menos el 70% de insumos locales–, sino que posiciona al país como líder en reactores modulares pequeños (SMR), una tecnología demandada globalmente para la transición energética.
Sin embargo, el proyecto ha enfrentado vientos en contra desde el arranque de la administración Milei. En marzo de 2024, 160 trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) fueron despedidos en medio de una conciliación obligatoria, mientras que en septiembre del mismo año se sumaron 260 desafectaciones más, atribuidas a un "recorte presupuestario" que paralizó las obras civiles. Críticos, como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, denunciaron que esta decisión va "a contramano de lo que hacen los países desarrollados", al frenar un avance que podría exportarse y generar divisas. Más recientemente, un hackeo a la CNEA en diciembre de 2024 expuso vulnerabilidades en la ciberseguridad, agravadas por la desinversión en el sector, lo que puso en riesgo diseños sensibles del CAREM.
El proyecto de ley, aún sin número oficial asignado, propone declarar el CAREM-25 como "proyecto estratégico de interés nacional indeclinable", similar a lo establecido en la Ley 26.566 de 2009 que impulsó su desarrollo bajo el kirchnerismo.
Entre sus medidas clave:
Garantía presupuestaria: Asignación anual mínima del 0,5% del presupuesto nacional para el sector nuclear, con fondos exclusivos para el CAREM que no puedan ser redirigidos por decretos ejecutivos.
Prohibición de privatizaciones: Impide la transferencia de activos o concesiones a privados, recordando cómo la fallida Ley Ómnibus de 2024 intentó incluir a Nucleoeléctrica Argentina S.A. –operadora del proyecto– en un paquete de privatizaciones.
Reincorporación laboral: Obliga a la reincorporación de los trabajadores despedidos y establece un plan de empleo estable para al menos 500 puestos directos.
Auditoría internacional: Crea una comisión bicameral para supervisar avances, con participación de expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).
"El CAREM no es solo una central eléctrica; es un orgullo argentino que nos pone en el mapa de la innovación global. No podemos permitir que se desmantele por un ajuste fiscal miope", declaró la diputada Vanesa Massetani (Unión por la Patria), una de las impulsoras. Sindicatos como UOCRA y ATE ya anunciaron movilizaciones en apoyo, mientras que desde el oficialismo se critica la iniciativa como "un gasto innecesario en tiempos de equilibrio fiscal".
