Dormían en colchones dentro de carpas precarias, carecían de acceso a agua potable y debían usar tachos para hacer sus necesidades. Además, muchas no sabían leer ni escribir, y solo algunas tenían documentación personal. Las jornadas laborales eran de 10 horas diarias, los siete días de la semana, por un pago de 300 mil pesos quincenales, del cual se les descontaba el costo de la comida.
Provincia de Santa Fe13/09/2025
La Mecha EncendidaUn operativo conjunto liderado por la Fiscalía Federal de Rafaela rescató a 31 personas víctimas de trata laboral en dos campos rurales del departamento 9 de Julio, en el norte de la provincia de Santa Fe. Las víctimas, provenientes de Los Juríes, Santiago del Estero, eran explotadas en condiciones extremas, viviendo en carpas sin agua potable ni baños, y sometidas a jornadas laborales extenuantes por salarios miserables.
El procedimiento, llevado a cabo entre la noche del jueves y la mañana del viernes, se desarrolló en los campos “Establecimiento Santa Ana” y “La Revancha”, pertenecientes a la firma Isabeliana SA, ubicados en Pozo Borrado. La investigación comenzó tras una denuncia de la División Coordinación contra el Trabajo Ilegal (ARCA) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), que alertaron sobre las condiciones infrahumanas en las que trabajaban estas personas.
Según el Ministerio Público, las víctimas –entre las que se encontraban dos menores de 17 años– fueron trasladadas desde Santiago del Estero para realizar tareas de desmalezamiento. Dormían en colchones dentro de carpas precarias, carecían de acceso a agua potable y debían usar tachos para hacer sus necesidades. Además, muchas no sabían leer ni escribir, y solo algunas tenían documentación personal. Las jornadas laborales eran de 10 horas diarias, los siete días de la semana, por un pago de 300 mil pesos quincenales, del cual se les descontaba el costo de la comida.
El operativo, ordenado por el juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz, incluyó allanamientos en ambos predios, el registro de vehículos y el secuestro de celulares y cuadernos con anotaciones. Dos personas fueron identificadas como presuntos responsables de la red de trata, y la investigación, a cargo del fiscal federal Jorge Gustavo Onel y los fiscales auxiliares Federico Grimm y Pablo Micheletti, avanza por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. No se descartan nuevas imputaciones a medida que se profundice la causa.
En la intervención participaron la Agencia de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI), la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, el Programa Nacional de Rescate a Víctimas de Trata y la Procuraduría contra la Trata de Personas del Ministerio Público de la Nación. Las 31 personas rescatadas fueron trasladadas a un lugar seguro, donde reciben asistencia integral y seguimiento por parte del Estado.
Este caso pone en evidencia la persistencia del trabajo esclavo en el sector rural argentino, especialmente en zonas de difícil acceso donde la vulnerabilidad de los trabajadores es aprovechada por redes de explotación. Las autoridades reiteraron que los campos carecían de condiciones mínimas de higiene, seguridad y dignidad, y subrayaron la necesidad de reforzar los controles para prevenir estas prácticas aberrantes.
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