La Mecha EncendidaLa medida, publicada en el Boletín Oficial el pasado miércoles, desató una inmediata respuesta de los sindicatos docentes y no docentes, quienes convocaron a un paro nacional de 24 horas para este viernes 12 de septiembre, acompañado de protestas y una Marcha Federal Universitaria en los próximos días.
La Ley de Financiamiento Universitario buscaba garantizar un aumento progresivo del presupuesto para las universidades públicas, pasando del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031, además de incluir ajustes automáticos según la inflación, recomposición salarial para docentes y no docentes, y fondos para infraestructura, becas y programas de investigación.
Sin embargo, el Ejecutivo justificó el veto argumentando que la norma incrementaría el gasto público sin fuentes de financiamiento claras, lo que, según el Gobierno, podría generar desequilibrio fiscal e inflación.
Reacciones y medidas de fuerza
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), CONADU Histórica, FAGDUT, UDA y el Frente Sindical Universitario anunciaron un cese total de actividades en todas las universidades públicas del país. “El veto es un ataque directo a la educación pública, a la investigación y al futuro de la nación”, afirmó Daniel Ricci, secretario general de FEDUN, quien destacó la pérdida de más del 50% del poder adquisitivo de los salarios docentes en el último año.
Además del paro, los gremios planean una movilización frente al Palacio Pizzurno, sede del ex Ministerio de Educación, y una Marcha Federal Universitaria que coincidirá con la sesión parlamentaria donde el Congreso intentará revertir el veto. Para ello, se requiere una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras, un desafío que la oposición ya logró superar en el caso de la Ley de Discapacidad. La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) también se sumó al llamado, declarando: “Si hay veto, hay marcha”, e invitó a la sociedad a unirse en defensa de la educación pública.
Impacto en la comunidad universitaria
El veto presidencial ha generado un profundo malestar en estudiantes, docentes y trabajadores, quienes alertan sobre el riesgo de deterioro en la calidad educativa y la investigación científica. “Las universidades públicas son un pilar de movilidad social y desarrollo nacional. Este recorte presupuestario compromete su funcionamiento y agrava la crisis salarial”, señaló Jorge Anró, secretario adjunto de FATUN.
La ley vetada también contemplaba un fondo de 10.000 millones de pesos para medidas inmediatas, como la ampliación de becas estudiantiles y el fortalecimiento de hospitales universitarios. Los gremios advierten que, sin estos recursos, muchas instituciones podrían enfrentar dificultades operativas en el corto plazo.
