La medida fue impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien instruyó al Ministerio de Seguridad y a la Policía porteña para que actúen en consecuencia. Según el artículo 94 del Código Contravencional, las personas que ensucien bienes públicos o privados podrán ser sancionadas con hasta 1.217 unidades fijas, que hoy equivalen a unos 890 mil pesos. Las autoridades también podrán exigir que quienes alteren el orden de los contenedores limpien el área afectada en el momento.
La decisión se presenta como parte de un operativo para “cuidar el espacio público”, pero en los hechos afecta directamente a quienes están en situación de extrema vulnerabilidad. Muchas de las personas que revuelven los contenedores lo hacen buscando restos de comida o materiales reciclables con los que puedan subsistir. No se trata de vandalismo, sino de una necesidad que crece a la par del aumento del hambre y la exclusión. Lejos de ofrecer una solución estructural o de emergencia, el Gobierno porteño opta por castigar a quienes menos tienen, agravando aún más una situación ya desesperante.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según cifras oficiales del segundo semestre de 2024, más de 470 mil personas se encuentran en situación de indigencia y unas 868 mil viven bajo la línea de pobreza. Es decir que uno de cada cuatro porteños no puede cubrir sus necesidades básicas. En lugar de responder con asistencia social o políticas inclusivas, la gestión de Jorge Macri pone el foco en sancionar y disciplinar a los sectores más golpeados por la crisis.
La implementación de esta norma llega además en un contexto en el que el gobierno está instalando miles de nuevos contenedores “antivandálicos”, con mecanismos que impiden acceder a los residuos una vez que fueron depositados. De este modo, se refuerza una política que no apunta a mejorar las condiciones de vida, sino a ocultar los síntomas más visibles de la desigualdad.
Que nadie vea la pobreza. Que nadie moleste.
Desde las cooperativas de cartoneros y organizaciones sociales ya comenzaron a organizarse para denunciar lo que consideran un ataque directo a quienes realizan tareas de reciclado informal o están forzados a buscar alimento en la basura. Reclaman que se derogue la medida y se convoque a un diálogo que permita encontrar soluciones reales. Pero hasta ahora, la respuesta del gobierno porteño fue el silencio.
Multar con casi un millón de pesos a una persona que revuelve la basura para comer no es una política pública: es una muestra brutal de desprecio. Y confirma que en la Ciudad más rica del país, la pobreza no se combate: se esconde, se penaliza y se castiga.
