Martín OrellanoEl presidente Javier Milei vetó este fin de semana dos leyes que habían sido votadas por ambas cámaras del Congreso. Una de ellas establecía un aumento del 7,2% para jubilaciones y pensiones, junto a un bono extraordinario de hasta $110.000 para quienes perciben los ingresos más bajos. La otra declaraba la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, con el objetivo de garantizar prestaciones, accesos y coberturas que hoy no están siendo garantizadas.
El argumento oficial para anular ambas iniciativas es la falta de financiamiento. Desde el Ejecutivo sostienen que su aprobación hubiese puesto en riesgo el equilibrio fiscal. Sin embargo, tanto Diputados como Senadores respaldaron los proyectos por amplia mayoría, incluyendo bloques de distintas fuerzas políticas. La publicación del veto será el lunes, pero la decisión ya fue firmada y comunicada a los actores legislativos para ordenar el tablero.
La ley previsional vetada contemplaba también la extensión por dos años de la moratoria que permite acceder a una jubilación a quienes no cuentan con los años de aportes requeridos. Su eliminación deja en suspenso una herramienta que resultaba vital para más de 600 mil personas, muchas de ellas mujeres que trabajaron en la informalidad o realizaron tareas de cuidado que el sistema previsional no reconoce.
En el caso de la emergencia en discapacidad, el texto aprobado buscaba declarar la situación crítica del sector y obligar al Estado a garantizar prestaciones básicas, acompañamientos, transporte, asistencia domiciliaria y cobertura médica, en línea con los compromisos asumidos por Argentina en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El veto implica que, al menos por ahora, esas obligaciones no se refuerzan ni se priorizan en el esquema presupuestario.
En las últimas semanas, diversas organizaciones que trabajan con personas con discapacidad habían realizado movilizaciones y presentaciones formales ante diputados y senadores, reclamando la aprobación de esta ley ante la creciente vulneración de derechos. También hubo expresiones de apoyo de gremios, universidades y espacios del sistema científico que acompañaron el reclamo con documentos y pronunciamientos públicos.
El futuro de ambos proyectos depende ahora de lo que ocurra en el Congreso. Para que las leyes entren en vigencia, los legisladores deberán insistir con su aprobación y reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras. No es una tarea sencilla: el oficialismo ya comenzó gestiones con gobernadores para blindar apoyos, ofreciendo compensaciones fiscales y otros compromisos en provincias clave.
Más allá del desenlace parlamentario, lo cierto es que los sectores afectados por estos vetos vienen soportando desde hace meses el impacto de la inflación, la recesión y los recortes en políticas públicas. La discusión no gira solamente en torno a un número, sino a la orientación general del Estado y a las prioridades que se fijan en un momento económico difícil.
