El mal estado de la principal arteria que conecta el norte argentino con el centro del país vuelve a cobrar vidas, mientras el gobierno nacional retiene fondos destinados al mantenimiento de rutas
Provincia de Santa Fe28/07/2025
La Mecha EncendidaLa Ruta Nacional 11 volvió a ser escenario de muerte. En los últimos días, tres nuevas víctimas fatales se sumaron al trágico balance que lleva esta arteria vial en lo que va del año, intensificando los reclamos de la dirigencia política por el estado deplorable de una de las rutas más importantes del país.
El accidente más reciente ocurrió cuando un micro de turismo que trasladaba pasajeros de un tour de compras embistió frontalmente a un camión con mercadería. El siniestro cobró la vida de los dos choferes del ómnibus y del coordinador del grupo, mientras que diez personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a hospitales de la zona.
Esta nueva tragedia se enmarca en una escalada de accidentes fatales que ha teñido de sangre las rutas nacionales durante las vacaciones de invierno. En solo tres días, once personas perdieron la vida en accidentes ocurridos en rutas de Santa Fe, Río Negro y Santa Cruz, evidenciando una crisis estructural en la infraestructura vial del país.
La dirigencia política de distintos niveles no ha tardado en alzar la voz. Gobernadores, intendentes y legisladores han comenzado a subir el tono de sus reclamos, advirtiendo que el abandono de las rutas nacionales es responsabilidad directa del gobierno nacional, que se desentiende sistemáticamente de sus obligaciones.
"La Ruta Nacional 11 se encuentra sumida en un profundo estado de abandono", denuncian desde distintos sectores, señalando que esta situación no solo origina enormes pérdidas económicas, sino que está costando vidas humanas y causando daño físico y emocional crónico a muchas familias.
El mal estado de la RN11, que se extiende desde Clorinda hasta Rosario a lo largo de casi mil kilómetros, se ha convertido en un símbolo de la decadencia infrastructural argentina. La falta de mantenimiento adecuado, señalización deficiente y deterioro alarmante del asfalto transforman cada viaje en una ruleta rusa para conductores y pasajeros.
Pero quizás lo más indignante de esta situación es que existe dinero destinado específicamente al mantenimiento de rutas que no está llegando a su destino. Desde hace un año y medio, el gobierno nacional cobra un impuesto a los combustibles que, por ley, debe destinarse al mantenimiento y reparación de la red vial nacional.
Según revelaron datos del vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, en 2024 se recaudaron más de 405 mil millones de pesos por este impuesto, pero solo 137 mil millones llegaron efectivamente a Vialidad Nacional. Los restantes 267 mil millones fueron retenidos por la administración nacional.
La situación es aún más escandalosa si se considera que, según datos oficiales, de los 129 millones de dólares que debían transferirse a Vialidad para reparar rutas durante este año, el gobierno solo envió 18 millones de dólares. Esto significa que se retuvo indebidamente más del 86% de los fondos destinados al mantenimiento de 40 mil kilómetros de rutas nacionales.
La opacidad gubernamental llega al extremo de no responder ni siquiera a requerimientos judiciales sobre el destino de estos fondos. Cuando se les pregunta qué están haciendo con el dinero proveniente del impuesto a los combustibles, las autoridades nacionales guardan un silencio que resulta cada vez más sospechoso.
Un fallo histórico de la justicia federal se hizo eco recientemente de los reclamos por el estado de la Ruta Nacional 11, ratificando que "la responsabilidad del mantenimiento y la seguridad vial recae exclusivamente en el Estado nacional", independientemente de los contratos vigentes con empresas privadas.
Mientras el gobierno nacional implementa políticas de ajuste que incluyen el desfinanciamiento de Vialidad Nacional —que perdió alrededor de 340 mil millones de pesos en 2024— y avanza con planes de privatización de 14 mil kilómetros de rutas, las consecuencias se miden en vidas humanas.
Las estadísticas son elocuentes: en 2024 solo se pavimentaron 50 kilómetros de rutas nacionales en todo el país, una cifra que resulta irrisoria para un territorio con las dimensiones de Argentina. La inversión pública en infraestructura pasó del 2,4% del PBI en 2015 al 1,3% en 2024, evidenciando un abandono sistemático que tiene su correlato directo en tragedias como la ocurrida en la Ruta 11.
Los especialistas advierten que "por cada peso no invertido en mantenimiento de rutas luego se gastan 5,5 veces más en obras de rehabilitación". Pero cuando esa falta de mantenimiento se cobra vidas humanas, ningún cálculo económico puede remediar el daño causado.
La Ruta Nacional 11, otrora símbolo del progreso y la integración nacional, se ha convertido en un recordatorio doloroso de cómo la irresponsabilidad política puede transformar una ruta en una trampa mortal. Mientras las autoridades nacionales continúen haciendo oídos sordos a los reclamos y reteniendo fondos destinados al mantenimiento vial, las familias argentinas seguirán pagando con sus vidas el precio de la desidia oficial.
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