La periodista Julia Mengolini denunció una brutal campaña orquestada desde cuentas afines al gobierno libertario, que la atacaron con noticias falsas de carácter incestuoso. La ofensiva incluyó la difusión de audios manipulados con inteligencia artificial y acusaciones infundadas de una supuesta relación con su hermano.
Según relató, los trolls oficiales impulsaron las acusaciones durante más de una semana, difundiendo incluso una supuesta carta documento falsificada y videos generados por IA con contenido altamente ofensivo. La periodista explicó que el ataque excedió cualquier crítica personal y se convirtió en un acto de violencia simbólica institucionalizada.
La campaña escaló con la participación directa del presidente Javier Milei, quien desde su cuenta en X compartió mensajes de cuentas cercanas a su círculo, reavivando las agresiones con un mensaje en clave política: “PN°10(E). Fin”. También sumaron sus voces figuras del oficialismo como Lilia Lemoine, Agustín Romo y Leila Gianni, contribuyendo a la difusión de esta ofensiva con burlas y validación pública.
Frente a esta situación, muchos medios denunciaron el hecho como un “ataque paraestatal”, señalando la gravedad de que estructuras de poder institucional —incluyendo al mismísimo presidente— participen en campañas de desinformación y hostigamiento.
Este episodio puso sobre la mesa una diferencia esencial: no es lo mismo cuando una persona habla de otra que cuando el Estado utiliza sus recursos —simbólicos, digitales, políticos— para atacar a un ciudadano o ciudadana. La desproporción es brutal. Equiparar ambas situaciones es reivindicar una lógica de la “teoría de los dos demonios” que borra la responsabilidad diferencial entre el poder y el individuo.
El uso de inteligencia artificial para generar noticias falsas no solo desinforma, sino que amplifica la capacidad de daño cuando es utilizado por figuras institucionales. Se trata de una práctica que busca disciplinar, silenciar y generar miedo. Y cuando el poder político lo valida, se convierte en un acto de violencia estructural.
Este ataque no fue un simple conflicto entre partes. Fue una operación de disciplinamiento político y mediático con características propias de un aparato paraestatal de propaganda. En un país democrático, estas prácticas deberían encender todas las alarmas. Y más aún, deberían ser motivo de acción inmediata por parte de los organismos que, en teoría, garantizan la libertad de expresión y la integridad de las personas frente al poder estatal.
