
"El clima complicó nuestro objetivo más importante que es marchar todas juntas", explicaron desde la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe.
El Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata fue eliminado por el gobierno nacional este martes. La herramienta garantizaba la reparación económica a las víctimas a través de las ganancias del decomiso de bienes provenientes de tales ilícitos.
Género y Diversidad27/11/2024 REDACCIÓN LMEA tono con la negativa de nuestro país de plegarse a la lucha contra la violencia de género, expresada en la ONU hace pocos días, el gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Economía dispuso, el cierre del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. Éste y otros cuatro fondos fiduciarios fueron dados de baja mediante el Decreto 1048/24, que se publicó este martes en el Boletín Oficial.
La medida fue comunicada por el ministro Luis "Toto" Caputo, quien para justificar el fin de estos fondos argumentó que se detectaron debilidades en una auditoría. En este sentido, remarcó que eran necesarias las disoluciones “con el objetivo de resolver las ineficiencias o desvíos encontrados en desmedro del cuidado que debe preservarse en la asignación y administración de los recursos estatales”.
Pero lo que no explica Caputo es que el fondo para las víctimas de trata no se financia ni con dinero "de los argentinos" ni con aportes del Tesoro Nacional, sino con los bienes decomisados de los delincuentes.
"A tono con su política internacional de no luchar contra la violencia hacia las mujeres y niñas, el gobierno disuelve el fondo de asistencia a las victimas de trata, creado por ley en 2019 ¿El fundamento? Que encontraron irregularidades en su manejo. Ocurre que hace apenas 2 meses el Jefe de Gabinete informó que ya las habían subsanado", señaló en un tuit la diputada nacional Carla Carrizo, explicando la situación.
El Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata tenía el objetivo de administrar los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos.
La normativa (Ley 27.508) proponía la gestión de lo reunido producto de estos crímenes. Para ese fin se había conformado una Unidad Ejecutiva (UE) en la órbita del Ministerio de Justicia, que velaba por la gestión de los recursos embargados.
Agravar una situación que ya es grave
Según datos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata (PROTEX), en 2023 se rescataron 1.609 personas. Sin embargo, la situación es crítica debido a la falta de recursos y a la reducción presupuestaria en la asistencia a víctimas.
Según datos del Ministerio de Justicia, entre enero de 2020 y mayo de 2024, la línea 145 registró más de 7.500 denuncias por trata de personas. Como tal, opera las 24 horas del día durante todo el año y está gestionada en el marco del Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas, creado por la Ley N° 26.842.
Este servicio ha registrado 812 denuncias en lo que va del año, de las cuales 121 involucran explotación de menores. Pero la reducción de personal y de presupuesto pone en riesgo su funcionamiento.
Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en el primer cuatrimestre de Gobierno de Javier Milei se ha visto una reducción presupuestaria en programas de asistencia a víctimas de trata, con una ejecución de casi un 90 % menos en comparación con el mismo período del año pasado.
Viviana Caminos, de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT), señaló que muchas personas rescatadas están regresando a la explotación debido a la falta de programas de asistencia después del rescate. "Tratamos de evitar que vuelvan, pero los programas de apoyo han sido recortados y, a veces, solo se les proporciona un pasaje de regreso sin ayuda adicional. Esta situación ha incrementado la demanda de asistencia y las organizaciones, sin recursos suficientes, se encuentran desbordadas".
Zaida Gatti, coordinadora nacional del Programa de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata, indicó que desde la desaparición de Loan el 21 de junio, se ha observado un aumento en el número de denuncias.
"El clima complicó nuestro objetivo más importante que es marchar todas juntas", explicaron desde la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe.
Es el resultado del informe realizado por la organización Mumalá a partir de su relevamiento en medios en los 11 meses que van de 2024.
Se refieren a la norma que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales
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