La flamante Ministra de Gobierno, Celia Arena, aseguró que la falta de presupuesto nacional afectará las obras públicas programadas. También dijo que hay diálogo permanente para buscar aprobar el presupuesto provincial.
El gobernador Omar Perotti puso este jueves en funciones y tomó juramento a la flamante ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe, Celia Arena, quien se venía desempeñando en el cargo de secretaria de Estado de Igualdad y Género.
El programa Banco Solidario fue creado por el decreto N.º 538/05 de la provincia de Santa Fe. En el año 2021 se puso en marcha nuevamente, realizando articulaciones con municipios, comunas y asociaciones civiles, adhiriendo al programa 3 municipios, 19 comunas y 22 asociaciones civiles de diferentes regiones de la provincia, con un universo estimado de posibles sujetos de crédito de 900 personas/créditos.
Gisela Scaglia, segunda autoridad provincial, se alineó con la celebración del oficialismo nacional por el triunfo ultraconservador de José Antonio Kast en Chile, una postura que le valió durísimas críticas de la oposición santafesina, que cuestionó su apoyo a una figura de la extrema derecha.
El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto 2026, que incluye la derogación de financiamiento específico para áreas sensibles como educación superior y asistencia a personas con discapacidad, además de la eliminación de fondos clave para el emblemático Hospital Garrahan.
En una madrugada de negociaciones febriles y giros inesperados, la oposición logró bloquear el intento del Gobierno de derogar normativas clave. Aunque el Presupuesto 2026 obtuvo media sanción en general, el artículo que buscaba desfinanciar a las universidades y eliminar la emergencia en discapacidad fue rechazado por el voto mayoritario de la Cámara Baja.
La contratación directa de la empresa estatal israelí para la gestión estratégica de los recursos hídricos en la mitad del país ha despertado fuertes denuncias por la falta de licitaciones públicas, la ausencia de consultas populares y la entrega de información geológica crítica bajo cláusulas de confidencialidad y legislación extranjera.
La reciente escalada de Donald Trump contra Venezuela, que incluye un bloqueo naval y la exigencia de "devolver" derechos petroleros históricos, marca la consolidación de una doctrina que considera a la inversión privada estadounidense como una extensión de la propiedad estatal de EE. UU., poniendo en jaque la autonomía de toda la región frente a sus recursos estratégicos.