La Mecha EncendidaLa denuncia involucra al ministro de Economía, Luis Caputo; al administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy; al secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich; al subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Francisco Díaz Vega; y al presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, junto con el directorio de la entidad en su carácter de fiduciario.
El escrito solicita investigar si la conducta de los funcionarios configura los delitos de estrago culposo (artículo 189 del Código Penal), abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El eje central de la demanda se desprende del escándalo generado tras revelarse que fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial) —creado por el Decreto 976/2001 e impulsado mediante la Tasa sobre el Gasoil— habrían sido desviados para la adquisición de activos financieros en lugar de aplicarse a obras de infraestructura. Según los denunciantes, de los $1,5 billones recaudados para el mantenimiento de los corredores federales, la administración central ejecutó únicamente una porción minoritaria, violando el artículo 15 del citado decreto que prohíbe explícitamente dar a esas partidas un destino ajeno a la conservación de las calzadas.
La acción legal fundamenta que la parálisis en la inversión no representa una simple discrepancia de gestión presupuestaria, sino que genera una situación de peligro abstracto y real para los usuarios. La presentación advierte que el abandono de los relevamientos sobre la franja de dominio, la suspensión de las tareas de mantenimiento y la no afectación de la Tasa sobre el Gasoil tienen entidad suficiente para causar siniestros fatales en la red carretera. En ese sentido, la denuncia toma como antecedente las declaraciones del secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Vialidad Nacional, quien mediante relevamientos técnicos estimó que las muertes en rutas nacionales registraron un incremento del 300% en el último período a causa del acelerado deterioro de la calzada.
Desde la perspectiva de la gestión de la infraestructura y el derecho administrativo, la causa pone bajo la lupa la responsabilidad penal en toda la cadena jerárquica por el incumplimiento de la afectación específica de los tributos viales. La demanda exige medidas probatorias para determinar la correlación directa entre la subejecución del fideicomiso vial administrado por el Banco Nación y el aumento en la tasa de siniestralidad. Para los trabajadores y especialistas del sector, el avance de esta investigación en los tribunales federales sienta un precedente crítico sobre la intangibilidad de los fondos destinados a preservar la seguridad e integridad física de quienes transitan las rutas del país.
