De qué trata la Ley de Educación Digital Integral (EDI) que aprobó la Legislatura porteña

El recinto porteño retomó la sesión iniciada la semana anterior donde se sancionaron varios proyectos de Ley: emergencia por el Súper Niño, el endeudamiento familiar y algunas propuestas de La Libertad Avanza (LLA) que ponían el foco en la desregulación. Los diputados pasaron a un cuarto intermedio ante la falta de votos para aprobar los nombramientos del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Pero este jueves también se debatió la Ley de Educación Digital Integral que fue aprobada por 43 votos, ningún voto en contra y 13 abstenciones.

La iniciativa del bloque de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) fue impulsada por la legisladora porteña María Bielli. El documento ordena incorporar contenidos sobre ciudadanía digital, inteligencia artificial, redes sociales y protección de datos personales en todos los niveles obligatorios del sistema educativo.

En diálogo la diputada Bielli, quien también preside la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, destacó que los principales objetivos de la Ley son, además, prevenir el grooming, el ciberacoso, la violencia de género digital y la difusión de imágenes sin consentimiento.

“Logramos que se vote una ley que venimos discutiendo hace mucho en la legislatura, que es que la escuela adquiera una mirada, una perspectiva, una impronta crítica que permita que esta generación de niños y jóvenes pueda hacerse preguntas respecto de qué pasa en los entornos digitales. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la lógica del algoritmo? ¿Cuál es el sistema de negocios que sostienen estas plataformas?”, señaló Bielli.

La Ley plantea la incorporación de criterios específicos para el uso de inteligencia artificial (IA) en las escuelas porteñas, tanto públicas como privadas. Establece que deberán utilizarse con fines pedagógicos y bajo principios de privacidad, transparencia, pertinencia educativa, accesibilidad y protección reforzada de los datos personales.

“La verdad es que es un primer paso muy importante, porque en tiempos de aceleración, de inmediatez, en donde estas plataformas promueven una lógica que premia el odio, la violencia, el contenido fugaz, inmediato, las noticias falsas; la escuela es el lugar del cuidado, la escuela es el lugar del conocimiento, la escuela es el lugar en donde se adquieren determinadas condiciones y criterios de verdad”, agregó Bielli.

En ese sentido, la legisladora aclaró nuevamente que esta Ley es un primer paso: “Porque no solo la escuela tiene que poder acercar preguntas sobre esto, sino que tenemos que cambiar las condiciones en las cuales circulan estos niños, niñas y adolescentes por los entornos digitales. Hay que poner en cuestión los diseños hechos con fines de lucro, porque este lucro no protege y promueve un uso adictivo de las plataformas”.

Desde el bloque peronista señalan que, además de una ley de educación digital integral, hay que discutir una agenda más amplia respecto a cuáles son las capacidades que tienen los estados para poder ponerle un límite al lucro de las plataformas digitales.

“Pensar que la tecnología se ponga al servicio del desarrollo de sociedades más justas y no a la inversa”, destacó Bielli.

En ese sentido, el texto de la ley plantea que la utilización de sistemas de IA no podrá reemplazar la intervención docente en los procesos de construcción del conocimiento. También establece que su incorporación deberá ser proporcional a la edad y al grado de madurez de los estudiantes y contempla evaluaciones previas y continuas de los riesgos técnicos, éticos, didácticos y cognitivos.

Desde el bloque del Frente de Izquierda aseguran que la violencia digital es una continuidad de la violencia que promueve el Estado, el tratamiento de la violencia de género digital desfinanciando la ESI es un contrasentido.

“Hay que afectar el negocio de las empresas tecnológicas que hacen negocios con nuestros pibes. La educación necesita más presupuesto para alfabetizar críticamente en el uso de tecnología, porque no se puede dejar a su suerte a las docentes”, expuso la legisladora Amanda Martín en sus redes.

 Sobre la ley dejamos claro: ¿De dónde va a salir el presupuesto para garantizar la efectivización de las y los trabajadores y sus condiciones laborales? ¿Cuántos dispositivos van a distribuir a las escuelas? ¿Si no se tocan los negocios de las empresas, quién va a controlar el uso de los datos?

“No alcanza con aprobar leyes si después no se destinan los recursos necesarios para cumplirlas. Hoy, apenas el 10% de los facilitadores pedagógicos son titulares. Necesitamos creación de cargos con derechos laborales”, remató.