El vocero presidencial no dio precisiones sobre el destino de los fondos viales ni de la deuda pública
Adrián Ravier intentó justificar el desvío de la recaudación del Impuesto a los Combustibles y no supo aclarar el paradero de más de 4 billones de pesos de endeudamiento del Tesoro, apelando al cambio de paradigma del Gobierno y al equilibrio fiscal.
El vocero presidencial Adrián Ravier protagonizó una tensa conferencia de prensa en la Casa Rosada tras no poder precisar el destino de los fondos del Impuesto a los Combustibles líquidos ni dar explicaciones claras sobre la ubicación de un reciente endeudamiento por más de cuatro billones de pesos. La comparecencia pública del funcionario se produjo luego de que él mismo admitiera en una entrevista radial que gran parte de los 1,5 billones de pesos del fideicomiso destinado al mantenimiento y obras viales no se utilizó para dicho fin, lo que generó un fuerte revuelo político y mediático.
Al ser consultado insistentemente por los periodistas acreditados sobre el paradero de esos recursos, el portavoz argumentó que la gestión nacional impulsa un cambio de paradigma hacia la concesión privada de la infraestructura vial. Tras atribuir las dificultades de inversión a la herencia del déficit fiscal y al estado quebrado del sector público, Ravier terminó señalando de manera vaga que los fondos se están destinando al bacheo de rutas nacionales, al tiempo que reconoció que una parte relevante de la recaudación es reasignada por el Ministerio de Economía para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
La controversia económica se profundizó cuando el vocero fue interrogado sobre los casi cuatro billones de pesos obtenidos como excedente en la licitación de deuda del Tesoro realizada a fines de julio, dinero que no figura reflejado en los registros del Banco Central. Frente a los cuestionamientos sobre la falta de transparencia del dinero, Ravier se remitió a declaraciones previas del ministro Luis Caputo y se limitó a asegurar que los fondos son trazables y permanecen depositados en las cuentas comerciales del Tesoro, sin brindar mayores detalles analíticos ni saldos contables.
Durante la ronda de preguntas, el portavoz ratificó además el respaldo absoluto del presidente Javier Milei al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, desmintiendo versiones sobre su posible salida tras el fracaso legislativo del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Finalmente, ante la problemática de las familias y empresas que enfrentan severos niveles de endeudamiento por la caída del poder adquisitivo, Ravier descartó cualquier intervención estatal por considerarla un plan platita y remarcó que las soluciones deben surgir de acuerdos privados en el marco del programa de estabilización económica.
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El juez federal Martín Cormick intimó al Estado Nacional a cumplir en cinco días con la medida cautelar que exige aplicar la Ley 27.795, bajo apercibimiento de aplicarle multas diarias por cada día de demora.
El proyecto enviado por el Gobierno nacional al Congreso propone eliminar el esquema que permite combinar las pensiones no contributivas por discapacidad con un trabajo formal o inscripción tributaria, estableciendo que la mera inclusión en el mercado laboral registrado implicaría la pérdida del beneficio.
Un violento frente de tormentas azotó a la región central del territorio nacional con intensas ráfagas de viento y abundante caída de piedra, dejando como saldo cuantiosos daños materiales en vehículos, viviendas y redes de servicios públicos.
El funcionario nacional entregó la documentación requerida sobre su patrimonio e incompatibilidades ante la Oficina Anticorrupción, tras vencerse holgadamente los plazos legales y en medio de cuestionamientos por la falta de transparencia en sus datos patrimoniales.
La magistrada Laura De Marinis hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad contra el nuevo Régimen Penal Juvenil en una causa por tentativa de robo, advirtiendo que la persecución penal debe ser el último recurso del Estado y desencadenando críticas desde el Gobierno nacional.
La transferencia de las rutas nacionales hacia las provincias abrió un encendido debate en todo el país sobre la financiación de la obra pública y el impacto directo en el bolsillo de la ciudadanía.
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Fue aprobada la reforma impulsada por el Gobierno de Milei por 38 votos contra 8, luego de que el bloque peronista abandonara el recinto. El régimen automático quedará concentrado en Patagonia, Malargüe y la Puna; en el sur de Santa Fe, los usuarios pasarán a depender del esquema focalizado por ingresos.