Denuncia penal contra Caputo y Bausili por el destino incierto de 4 billones de pesos de endeudamiento
La diputada Marcela Pagano presentó una demanda judicial contra el ministro de Economía y el titular del Banco Central tras la falta de información pública sobre los fondos excedentes de la última licitación de deuda, desatando una fuerte controversia política.
La controversia financiera por el manejo de los fondos públicos escaló al plano judicial luego de que la diputada nacional Marcela Pagano denunciara penalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili. La presentación surge a raíz de la falta de trazabilidad pública respecto a cuatro billones de pesos que el Tesoro obtuvo como excedente en la licitación de deuda en pesos realizada el pasado 29 de julio, cuyos recursos no se vieron reflejados inmediatamente en las cuentas oficiales de la autoridad monetaria.
El origen del conflicto remite a la última operación de mercado donde el Gobierno adjudicó 12,2 billones de pesos frente a vencimientos por 8,1 billones, captando un importante sobrante con el objetivo teórico de retirar liquidez del mercado y contener la inflación. Sin embargo, la opacidad sobre el destino de la masa monetaria generó sospechas cuando el propio titular del Banco Central admitió públicamente no saber con exactitud en qué cuentas se encontraban depositados dichos fondos, declaraciones que la legisladora utilizó como argumento central para acusar a los funcionarios de gestionar los recursos bajo una caja negra.
Frente a las acusaciones de la exintegrante del bloque oficialista, el ministro de Economía rechazó enfáticamente la denuncia y aseguró que las operaciones financieras del Estado cuentan con total trazabilidad. Asimismo, el jefe de la cartera económica anticipó que promoverá una querella por calumnias contra la diputada por imputarle falsamente la comisión de un delito, prometiendo donar a una entidad de bien público el dinero que pueda obtener como reparación económica ante los tribunales.
Desde el Palacio de Hacienda defienden que los excedentes captados en las colocaciones de deuda forman parte del manejo habitual de liquidez para afrontar obligaciones futuras, mientras que la oposición insiste en reconstruir el recorrido contable de las divisas. El expediente judicial añade un nuevo frente de conflicto político e institucional para la administración nacional, derivando la discusión sobre la estrategia monetaria hacia los tribunales federales.
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El juez federal Martín Cormick intimó al Estado Nacional a cumplir en cinco días con la medida cautelar que exige aplicar la Ley 27.795, bajo apercibimiento de aplicarle multas diarias por cada día de demora.
El proyecto enviado por el Gobierno nacional al Congreso propone eliminar el esquema que permite combinar las pensiones no contributivas por discapacidad con un trabajo formal o inscripción tributaria, estableciendo que la mera inclusión en el mercado laboral registrado implicaría la pérdida del beneficio.
Un violento frente de tormentas azotó a la región central del territorio nacional con intensas ráfagas de viento y abundante caída de piedra, dejando como saldo cuantiosos daños materiales en vehículos, viviendas y redes de servicios públicos.
El funcionario nacional entregó la documentación requerida sobre su patrimonio e incompatibilidades ante la Oficina Anticorrupción, tras vencerse holgadamente los plazos legales y en medio de cuestionamientos por la falta de transparencia en sus datos patrimoniales.
La magistrada Laura De Marinis hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad contra el nuevo Régimen Penal Juvenil en una causa por tentativa de robo, advirtiendo que la persecución penal debe ser el último recurso del Estado y desencadenando críticas desde el Gobierno nacional.
La transferencia de las rutas nacionales hacia las provincias abrió un encendido debate en todo el país sobre la financiación de la obra pública y el impacto directo en el bolsillo de la ciudadanía.
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Adultos mayores y organizaciones sociales se movilizaron desde el Teatro Municipal hasta la sede céntrica de la Ansés en la ciudad de Santa Fe. Demandaron al Gobierno provincial la reglamentación de la normativa de protección de la vejez, el aumento de los haberes jubilatorios y respuestas ante las demoras prestacionales de PAMI e IAPOS.