Los cuatro efectivos de la Aeronáutica integraron los Grupos de Tareas 100, 10, 11, 12 y grupos especiales formados con policías de la provincia y militares que actuaron en la denominada Subzona militar 16, sobre la que la Fuerza Aérea condujo la represión ilegal en los barrios del Conurbano oeste bonaerense. El juicio abordó crímenes de lesa humanidad sucedidos en Mansión Seré y otros centros clandestinos, como la Primera Brigada Aérea de Palomar, la VIIª Brigada Aérea de Morón, la Comisaría de Castelar, la Comisaría de Haedo, la Comisaría 1ª de Morón, el Destacamento de Paso del Rey, la VII Brigada Aérea de Moreno –en donde el gobierno de Javier Milei habilitó acciones militares de Estados Unidos–, la Subcomisaría de Francisco Álvarez, la Comisaría de Moreno y la RIBA.
Los hechos que tuvieron lugar en la Regional de Inteligencia, no obstante, quedaron fuera de debate luego del fallecimiento de Vázquez Sarmiento, quien actuó como jefe de Contrainteligencia de esa dependencia y cayó detenido en octubre de 2021 tras mantenerse a salvo de la Justicia durante 19 años.
Luego de recibir una condena por la apropiación del nieto restituido Ezequiel Rochistein Tauro, el “Colo” Vázquez afrontó una acusación por su responsabilidad en el secuestro de Patricia Roisinblit, José Manuel Pérez Rojo y Gustavo Pontnau, que fueron cazados el 6 de octubre de 1978 y mantenidos cautivos en la RIBA. El represor y apropiador intentó por todos los medios evitar ser juzgado por esos hechos y atrasar el comienzo del debate –que fue pospuesto en dos oportunidades–. Finalmente murió impune.
El TOF ordenó, además, que el Ministerio de Defensa disponga la baja por exhoneración de los acusados de la Fuerza Aérea y que aplique la suspensión de goce “de todo retiro, pensión o jubilación que puedan estar gozando”. Al Registro nacional de Armas, en tanto, ordenó se les retire a los cuatro “toda arma que pudieran poseer”.
Otro de los puntos sobresalientes del veredicto fue la extracción de testimonios y documentación que se reunió a lo largo del expediente y el debate y el envío al Juzgado de instrucción correspondiente para poder avanzar con la pericia vinculada al pedido de ampliación de la acusación que a fines de 2025 habían realizado las querellas y el Ministerio Público Fiscal sobre los delitos de lesa humanidad sufridos por personas que al momento de los hechos eran niños y niñas.
