La Mecha EncendidaEl Gobierno recibió un espaldarazo para continuar con su política de represión de la protesta social. La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo declaró la validez del llamado “protocolo antipiquetes”, implementado por Patricia Bullrich y continuado por su sucesora en el Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El tema escalará inevitablemente hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya anunció que recurrirá la decisión.
Bullrich lo había anunciado durante el gobierno de Mauricio Macri, pero logró concretarlo en la primera semana de la administración de Javier Milei: un protocolo para controlar la calle y, de esa forma, impedir protestas contra un Poder Ejecutivo que hizo del ajuste brutal su razón de ser.
El protocolo fue impugnado judicialmente por el CELS, gremios y otras organizaciones sociales. El 29 de diciembre pasado, el juez federal Martín Cormick entendió que la resolución 943 del 15 de diciembre de 2023 era nula. En esa línea, el magistrado afirmó que quienes habían sufrido la represión estaban facultados para accionar en la justicia penal contra las autoridades responsables.
Para el magistrado, Bullrich había hecho mucho más que darles órdenes a las fuerzas federales que dependen de ella: la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
Cuando se conoció el fallo de Cormick, Bullrich ya había desembarcado en el Senado para convertirse en la espada más afilada de Milei –contra la oposición y contra la titular de ese cuerpo. La defensa del protocolo, entonces, quedó en manos de Monteoliva, que el 30 de diciembre apeló la decisión de Cormick. En ese momento, la ministra de Seguridad celebró que la apelación hacía que el protocolo pudiera seguir aplicándose.
El argumento central del Gobierno para mantener a flote la resolución 943/2023 es que es una mera impartición de instrucciones a las fuerzas de seguridad federales y que no impugna el derecho a la protesta. Por el contrario, lo presenta como una regulación entre quienes tienen derecho a circular y quienes tienen derecho a peticionar.
El 20 de marzo pasado, el fiscal Rodrigo Cuesta dictaminó a favor de confirmar el fallo de Cormick. Sin embargo, este martes, los integrantes de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sergio Fernández y Jorge Morán, dejaron sin efecto el fallo que había declarado la nulidad del “protocolo antipiquetes”.
“Los suscriptos no advierten que el denominado ‘Protocolo de Seguridad’ constituya una reglamentación que colisione con derechos constitucionales y/o normas supranacionales, sino que resulta una limitación legítima en tanto no existen derechos absolutos”, escribieron los camaristas.
Por el contrario, Morán y Fernández ponderaron el derecho a la libre circulación y consideraron que “la resolución recurrida tiende a proteger el derecho a transitar libremente por el territorio, sin que sus alcances restrinjan de manera ilegítima los demás derechos involucrados”.
En opinión de los camaristas, el Estado nacional tiene facultades para establecer las “medidas de prevención que considere adecuadas para garantizar la libre circulación y la seguridad jurídica”. Su lectura fue estrictamente formalista –a diferencia de la de Cormick, que incluso fue a observar un operativo el 19 de marzo de 2025, una semana después de la represión que casi le cuesta la vida al fotógrafo Pablo Grillo–. Para ellos, está claro que la intervención de las fuerzas federales que habilita el protocolo se ciñe a “actividades delictivas”.
Los datos los contradicen. En diciembre último, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) dio a conocer un relevamiento entre el 10 de diciembre de 2023 –día de la asunción de Milei– y el 30 de noviembre de 2025. Lejos de ser una intervención ante delitos, la actuación de las fuerzas luce desproporcionada, con un récord de 2585 personas heridas y 258 detenidas.
La aplicación del “protocolo” fue lo que dio sustento a los episodios de represión que se vienen sucediendo desde diciembre de 2023. Hay casos elocuentes que muestran el uso desproporcionado de la fuerza, como el ataque que sufrió Grillo en marzo del año pasado o los de personas que perdieron la visión tras recibir disparos por parte de agentes que dependían de Bullrich. La Policía Federal llegó incluso a gasear a una nena de once años que estaba sentada con su mamá.
Este mismo martes, de hecho, la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del agente de la PFA Nicolás Céspedez por haber golpeado y tirado al piso a la jubilada Beatriz Blanco, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza.
El fallo de Fernández y Morán fue rápidamente celebrado desde el Ministerio de Seguridad. “Las fuerzas federales continuarán interviniendo cuando sea necesario para defender la libertad, garantizar el orden y hacer cumplir la ley”, señalaron en un comunicado.
Tanto Bullrich como Monteoliva usaron sus cuentas en X para adjudicarse una victoria. La actual ministra festejó que el Poder Judicial les había dado la razón “nuevamente”, aunque venían de un fallo que había anulado el protocolo.
“Nos decían tontos y que era imposible terminar con los piquetes. Lo hicimos. La Justicia vuelve a poner las cosas en su lugar: el protocolo es la herramienta para hacer cumplir la ley frente a grupos que viven de bloquear, extorsionar y tomar de rehén a millones de argentinos que quieren trabajar y circular”, escribió la senadora.
La discusión sobre la legalidad del protocolo está lejos de estar cerrada. “Vamos a ir a la Corte. Vamos a plantear el caso porque el derecho a la protesta está invisibilizado”, le dijo Diego Morales, director de litigio del CELS. “No decimos que el derecho a la protesta es absoluto, lo que sí está claro es que el Estado debe garantizar el ejercicio de ese derecho, y eso no sucede con el protocolo”, reafirmó.
Será el triunvirato que reina en el Palacio de Talcahuano –que está inmerso en sus disputas de poder internas– el que deberá pronunciarse acerca del derecho a la protesta, después de que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como distintas dependencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaran su preocupación por el protocolo de Bullrich.
