La Mecha EncendidaLa normativa, publicada en el Boletín Oficial, establece el inicio de un proceso de liquidación de la entidad que brinda cobertura de salud a más de 600.000 afiliados, incluyendo militares en actividad, retirados y personal de seguridad. Según el texto oficial, la medida responde a una deuda acumulada que se volvió "insostenible" para el Tesoro Nacional, citando una deficiencia estructural en la administración de recursos que comprometía la prestación de servicios básicos de salud.
La decisión ha generado una profunda controversia y sorpresa en los sectores técnicos de la seguridad social, ya que los informes de gestión previos presentaban un panorama radicalmente opuesto. Hacia diciembre de 2023, la IOSFA registraba un superávit financiero consolidado, fruto de una serie de reformas administrativas que habían logrado sanear las cuentas tras años de inestabilidad. Los detractores de la medida señalan que el deterioro actual no obedece a una falla intrínseca del sistema solidario, sino a una desfinanciación deliberada y a la falta de actualización de los aportes en un contexto de alta inflación. Desde el ámbito de los trabajadores civiles y militares retirados, se denuncia que el "desequilibrio" invocado por el Gobierno es una justificación para avanzar en la privatización de la cartera de afiliados o su desmembramiento.
El DNU establece un plazo de 180 días para completar el traspaso de los beneficiarios a otros sistemas de salud, aunque no especifica con claridad cuál será el destino de la infraestructura propia del instituto, que incluye farmacias y centros médicos de alta complejidad en todo el país. La incertidumbre se extiende también a los miles de empleados administrativos que forman parte del organismo y que ahora se enfrentan a un escenario de despido o reubicación incierta. El Ministerio de Defensa, por su parte, sostuvo que la medida busca garantizar que el personal de las Fuerzas Armadas reciba una atención "de calidad y eficiente", alegando que la estructura burocrática de la obra social consumía recursos que debían destinarse directamente a las prestaciones médicas.
En el Congreso, la oposición y diversos representantes gremiales ya preparan impugnaciones judiciales contra el decreto, argumentando que la disolución de una entidad de esta magnitud por vía de DNU es inconstitucional. El conflicto promete escalar en las próximas semanas, mientras los afiliados expresan su preocupación por la continuidad de tratamientos crónicos y turnos quirúrgicos programados. La liquidación de IOSFA marca un hito en la política de reforma del Estado, al desarticular una de las cajas de salud más grandes del país, cuya solvencia, hasta hace poco más de dos años, parecía fuera de discusión para los organismos de control
