Una Unión Temporal de Empresas (UTE) encabezada por la constructora rosarina Obring S.A. se adjudicó la concesión por 30 años del tramo vial que une la cabecera del puente sobre el Río Paraná entre Rosario y Victoria
Provincia de Santa Fe06/11/2025
La Mecha EncendidaUna Unión Temporal de Empresas (UTE) encabezada por la constructora rosarina Obring S.A. se adjudicó la concesión por 30 años del tramo vial que une la cabecera del puente sobre el Río Paraná entre Rosario y Victoria
La licitación, lanzada por el gobierno nacional en el marco de la Red Federal de Concesiones, prevé la transferencia a privados de aproximadamente 9.154 km de rutas nacionales, distribuidos en 18 tramos que representan cerca del 20 % de la red vial y concentran el 80 % del tránsito.
En este caso particular —denominado “tramo Conexión” y que abarca unos 59,43 kilómetros desde el inicio del puente hasta el empalme con la ruta provincial 11 en Victoria— la UTE conformada por Obring, junto con las firmas rosarinas Rovial S.A., Edeca S.A. y las entrerrianas Pitón S.A. y Pietroboni S.A., presentó la oferta más baja: peaje tope de 3.385 pesos para autos, por debajo del tope oficial de 4.050 pesos.
Obring fue fundada y ha operado en la zona de Santa Fe y Rosario con obras emblemáticas: doble traza en Wheelwright, reconstrucción del muelle del Parque España, el acueducto Centro y la pista del aeropuerto de Rosario.
Según su titular, Franco Gagliardo, la ruta adjudicada “es uno de los tramos más peligrosos del país”. Señaló que la UTE iniciará de inmediato obras de bacheo, fresado, repavimentación y señalización, y que “en el plazo de un año tiene que quedar toda la puesta en valor de la ruta y las obras de transitabilidad y seguridad”.
El esquema anunciado rompe con el modelo tradicional de concesiones viales que eran subvencionadas por el Estado: “El recupero viene solamente a través del peaje, no es un subsidio del Estado”, afirmó Gagliardo.
Para la mirada desde la comunicación gremial y popular, esta adjudicación local puede interpretarse como una oportunidad para que las empresas y trabajadores de la región participen de la gestión y mejora de la infraestructura vial, reforzando el vínculo entre la obra pública, el territorio y la comunidad. Sin embargo, también despierta interrogantes sobre el control ciudadano, los mecanismos de supervisión y la garantía de que la tarifa y la calidad de la ruta respondan a los intereses de la mayoría.
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