
Hito científico en el Conurbano: La UNAHUR suma la primera computadora cuántica universitaria
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El Ejecutivo de Javier Milei anunció un amplio cambio en las normas que regulan el trabajo en Argentina, con el objetivo declarado de reducir la alta informalidad laboral y dar mayor previsibilidad a las contrataciones.
Nacionales03/11/2025
La Mecha EncendidaGobierno impulsa una reforma laboral con foco en el empleo formal mientras sindicatos alertan sobre derechos en riesgo
El Ejecutivo de Javier Milei anunció un amplio cambio en las normas que regulan el trabajo en Argentina, con el objetivo declarado de reducir la alta informalidad laboral y dar mayor previsibilidad a las contrataciones. Según los datos oficiales más recientes, la informalidad alcanza niveles superiores al 40 % del empleo asalariado.

El proyecto aprobado bajo la Ley 27.742 (conocida también como “Ley de Bases”) incluye la posibilidad de que los convenios colectivos —hasta ahora definidos por rama de actividad— sean reemplazados por acuerdos por empresa, lo cual permite adaptar condiciones laborales a cada firma. Además, se prevé ampliar el período de prueba, ofrecer incentivos para que empleadores registren a personas que hoy están en la informalidad, y crear un nuevo sistema de desvinculación que reemplace en parte la indemnización tradicional.
Por otro lado, se plantea la eliminación de las multas para los empleadores que tenían trabajadores no registrados (“en negro”), según lo dispuesto por los artículos 75 y 76 de la Ley de Bases, que suprimen las sanciones establecidas en las leyes 24.013 y 25.323. En un fallo reciente, un tribunal de Misiones decidió no aplicar dichas multas, en virtud de que las normas sancionadoras habían sido derogadas.
Para comprender mejor qué implica esta reforma, vale mirar qué pasó con reformas anteriores en el país. A lo largo del siglo XX y principios del XXI, la legislación laboral en Argentina ha oscilado entre momentos de mayor protección para los trabajadores —como los preceptos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que garantizaban jornada limitada, vacaciones, salario mínimo y derecho de huelga— y momentos de apertura hacia una mayor flexibilidad. En particular, la reforma impulsada por la Ley de Bases marca un punto de inflexión: al eliminar sanciones para el trabajo no registrado, cambia el equilibrio de fuerzas entre empleador y trabajador. Según informes recientes, a pesar de los discursos de formalización, en el primer tramo tras la entrada en vigencia de la ley apenas se regularizó un 0,3 % de los trabajadores informales.
Los gremios advierten que si bien la nueva normativa busca formalizar empleo, podría generar condiciones laborales más frágiles para quienes ya están formalizados o para quienes pasen al registro. Y los especialistas señalan que la efectividad real dependerá de cómo se reglamente la ley, de los plazos de transición, y del control que tenga el Estado sobre las nuevas prácticas de contratación.
El proceso iniciará la aplicación de estos cambios, sin listados ni conclusiones apresuradas, en un escenario laboral que estará atento a ver si las modificaciones efectivamente mejoran la formalidad, o si más bien agravan la precariedad laboral existente.

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La contratación directa de la empresa estatal israelí para la gestión estratégica de los recursos hídricos en la mitad del país ha despertado fuertes denuncias por la falta de licitaciones públicas, la ausencia de consultas populares y la entrega de información geológica crítica bajo cláusulas de confidencialidad y legislación extranjera.

En una madrugada de negociaciones febriles y giros inesperados, la oposición logró bloquear el intento del Gobierno de derogar normativas clave. Aunque el Presupuesto 2026 obtuvo media sanción en general, el artículo que buscaba desfinanciar a las universidades y eliminar la emergencia en discapacidad fue rechazado por el voto mayoritario de la Cámara Baja.

Un informe colaborativo estima en 21 billones de pesos anuales el flujo de recursos que dejarían de percibir los trabajadores para integrarse a la rentabilidad empresarial, impulsado por cambios drásticos en el cálculo de indemnizaciones, la eliminación de presunciones de empleo y la flexibilización de la jornada laboral.

A través de un extenso análisis en sus redes sociales, la expresidenta cuestionó el desfile de políticas cambiarias contradictorias del oficialismo, advirtió sobre la caída del consumo y denunció que, por primera vez en dos décadas, la inversión extranjera directa arroja saldos negativos mientras las multinacionales abandonan el país.

El oficialismo, con el respaldo clave del PRO y sectores de la UCR, avanzó en la Cámara de Diputados con un proyecto de ley que elimina las garantías de financiamiento para la educación superior y el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, generando una fuerte reacción de los sectores afectados.

Los mandatarios provinciales se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones para unificar reclamos por deudas de coparticipación, parálisis de la obra pública y el desvío de fondos previsionales, advirtiendo que el modelo económico nacional pone en riesgo la viabilidad de los territorios.

El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto 2026, que incluye la derogación de financiamiento específico para áreas sensibles como educación superior y asistencia a personas con discapacidad, además de la eliminación de fondos clave para el emblemático Hospital Garrahan.

La central obrera definió salir a las calles en todo el país el próximo jueves para rechazar el proyecto impulsado por el Gobierno y advirtió que los cambios propuestos vulneran derechos básicos de los trabajadores. La protesta buscará reunir a 150 mil personas en Plaza de Mayo y sumar a las CTA y a movimientos sociales

El oficialismo, con el respaldo clave del PRO y sectores de la UCR, avanzó en la Cámara de Diputados con un proyecto de ley que elimina las garantías de financiamiento para la educación superior y el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, generando una fuerte reacción de los sectores afectados.

En una madrugada de negociaciones febriles y giros inesperados, la oposición logró bloquear el intento del Gobierno de derogar normativas clave. Aunque el Presupuesto 2026 obtuvo media sanción en general, el artículo que buscaba desfinanciar a las universidades y eliminar la emergencia en discapacidad fue rechazado por el voto mayoritario de la Cámara Baja.

En una jornada de calor extremo, la CGT, ambas CTA y la UTEP encabezaron una movilización frente a la Legislatura para denunciar un proyecto que consideran un avance sobre los derechos históricos y la "mercantilización" del trabajo.

Tras el trágico accidente en Arrufó que se cobró dos vidas, el senador Felipe Michlig anunció que llevará a la Justicia Federal al organismo nacional ante la falta de autorización para construir una rotonda estratégica en el cruce con la Ruta Provincial 39, una obra que ya cuenta con presupuesto y adjudicación por parte de la provincia de Santa Fe.