La Mecha EncendidaGobierno impulsa una reforma laboral con foco en el empleo formal mientras sindicatos alertan sobre derechos en riesgo
El Ejecutivo de Javier Milei anunció un amplio cambio en las normas que regulan el trabajo en Argentina, con el objetivo declarado de reducir la alta informalidad laboral y dar mayor previsibilidad a las contrataciones. Según los datos oficiales más recientes, la informalidad alcanza niveles superiores al 40 % del empleo asalariado.
El proyecto aprobado bajo la Ley 27.742 (conocida también como “Ley de Bases”) incluye la posibilidad de que los convenios colectivos —hasta ahora definidos por rama de actividad— sean reemplazados por acuerdos por empresa, lo cual permite adaptar condiciones laborales a cada firma. Además, se prevé ampliar el período de prueba, ofrecer incentivos para que empleadores registren a personas que hoy están en la informalidad, y crear un nuevo sistema de desvinculación que reemplace en parte la indemnización tradicional.
Por otro lado, se plantea la eliminación de las multas para los empleadores que tenían trabajadores no registrados (“en negro”), según lo dispuesto por los artículos 75 y 76 de la Ley de Bases, que suprimen las sanciones establecidas en las leyes 24.013 y 25.323. En un fallo reciente, un tribunal de Misiones decidió no aplicar dichas multas, en virtud de que las normas sancionadoras habían sido derogadas.
Para comprender mejor qué implica esta reforma, vale mirar qué pasó con reformas anteriores en el país. A lo largo del siglo XX y principios del XXI, la legislación laboral en Argentina ha oscilado entre momentos de mayor protección para los trabajadores —como los preceptos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que garantizaban jornada limitada, vacaciones, salario mínimo y derecho de huelga— y momentos de apertura hacia una mayor flexibilidad. En particular, la reforma impulsada por la Ley de Bases marca un punto de inflexión: al eliminar sanciones para el trabajo no registrado, cambia el equilibrio de fuerzas entre empleador y trabajador. Según informes recientes, a pesar de los discursos de formalización, en el primer tramo tras la entrada en vigencia de la ley apenas se regularizó un 0,3 % de los trabajadores informales.
Los gremios advierten que si bien la nueva normativa busca formalizar empleo, podría generar condiciones laborales más frágiles para quienes ya están formalizados o para quienes pasen al registro. Y los especialistas señalan que la efectividad real dependerá de cómo se reglamente la ley, de los plazos de transición, y del control que tenga el Estado sobre las nuevas prácticas de contratación.
El proceso iniciará la aplicación de estos cambios, sin listados ni conclusiones apresuradas, en un escenario laboral que estará atento a ver si las modificaciones efectivamente mejoran la formalidad, o si más bien agravan la precariedad laboral existente.
