
Bajo la excusa burocrática de nuevos controles, la ocupación expulsará a 37 ONG vitales para la supervivencia, en lo que representa una nueva fase del plan de exterminio contra el pueblo palestino.
La detención de la Flotilla Global Sumud por fuerzas israelíes ha provocado una ola de condenas y medidas diplomáticas drásticas en varios países, con Colombia ordenando la salida inmediata de los últimos diplomáticos israelíes restantes, en un contexto de tensiones ya rotas desde 2024 por la guerra en Gaza.
Internacionales02/10/2025
La Mecha EncendidaLa intercepción de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales del Mediterráneo ha desatado una crisis diplomática sin precedentes, con gobiernos de América Latina, Europa y Oriente Medio respondiendo con furia a lo que describen como una violación flagrante del derecho internacional. Israel, que justificó la operación como una medida de seguridad en una "zona de combate", enfrenta ahora un aislamiento creciente, mientras la ONU clama por un alto el fuego urgente.

En el epicentro de la tormenta se encuentra Colombia, donde el presidente Gustavo Petro, ya crítico acérrimo de las acciones israelíes en Gaza, ha elevado la apuesta. Tras romper relaciones diplomáticas en mayo de 2024 por calificar la ofensiva como "genocidio", Petro anunció hoy la retirada total del cuerpo diplomático israelí restante, ordenando su salida inmediata del país. "La detención de la flotilla es un crimen internacional que no podemos tolerar; Israel debe rendir cuentas ante la historia", declaró el mandatario en un discurso televisado, exigiendo la liberación de dos activistas colombianos a bordo. Esta medida, que incluye la suspensión definitiva de cualquier cooperación bilateral, ha sido aplaudida por movimientos sociales en Bogotá, donde miles marcharon exigiendo boicot total a Israel.
La reacción no se limitó a América Latina. Turquía, aliada histórica de Palestina, tildó la intercepción de "acto terrorista estatal" y convocó a su embajador en Tel Aviv para consultas, amenazando con cerrar el consulado en Jerusalén. En Europa, Italia –país de origen de varios barcos de la flotilla– vio cómo sindicatos declararon una huelga general para el viernes en solidaridad con Gaza, con protestas masivas en Roma y Milán. Francia y España emitieron comunicados conjuntos condenando la "agresión pirata", demandando la deportación inmediata de los detenidos, entre ellos la eurodiputada Rima Hassan. Irán, por su parte, la califica de "crimen de guerra" y prometió apoyo logístico a futuras misiones humanitarias.
Incluso aliados tradicionales de Israel muestran fisuras. Estados Unidos, a través de un portavoz del Departamento de Estado, expresó "preocupación" por el uso de fuerza en la intercepción, urgiendo a Tel Aviv a garantizar el bienestar de los 500 activistas detenidos, incluyendo a Greta Thunberg. La Unión Europea, en una sesión extraordinaria, debate sanciones simbólicas, mientras el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Türk, advierte que el bloqueo agrava una hambruna que afecta a más de un millón de gazatíes.
Esta escalada, la más grave desde la ruptura colombiana de 2024, podría reconfigurar alianzas regionales. Mientras Israel prepara deportaciones masivas desde puertos como Ashdod, analistas temen que la brecha diplomática profundice el aislamiento de Netanyahu, acelerando presiones por un cese al fuego.

Bajo la excusa burocrática de nuevos controles, la ocupación expulsará a 37 ONG vitales para la supervivencia, en lo que representa una nueva fase del plan de exterminio contra el pueblo palestino.

En un giro radical de la política de salud pública, el presidente Gustavo Petro confirmó que el Estado dejará de adquirir fármacos a laboratorios que manipulen precios y autorizó la importación directa desde mercados internacionales para combatir el acaparamiento y la especulación corporativa.

En una declaración que ha sacudido los cimientos de la diplomacia transatlántica, el vicepresidente electo J. D. Vance reafirmó la intención estratégica de la administración Trump de adquirir Groenlandia, calificando de irrelevante la oposición europea y cuestionando la lealtad de Dinamarca hacia Washington.

A través de un decreto presidencial, el mandatario brasileño dejó fuera del beneficio de libertad a los seguidores de Jair Bolsonaro que participaron en el asalto a las sedes de los tres poderes en enero de 2023, reforzando la postura institucional contra los ataques a la democracia.

La Central Obrera Boliviana encabezó una multitudinaria marcha en rechazo a las medidas impuestas por el Ejecutivo que eliminan los subsidios a los combustibles y abren la puerta a la privatización de recursos estratégicos, profundizando el conflicto entre los sindicatos y el modelo neoliberal.

El gobierno de Nicolás Maduro acusó a la administración de Donald Trump de violar el derecho internacional y la soberanía naval, luego de que fuerzas estadounidenses confiscaran tres petroleros en menos de dos semanas bajo el argumento de aplicar sanciones económicas.

Tras la aprobación legislativa de un beneficio que recortaría la condena de Jair Bolsonaro de 27 a apenas 5 años de prisión, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que anulará la medida, sosteniendo que los ataques contra la democracia no pueden quedar impunes bajo conveniencias políticas.

La reciente escalada de Donald Trump contra Venezuela, que incluye un bloqueo naval y la exigencia de "devolver" derechos petroleros históricos, marca la consolidación de una doctrina que considera a la inversión privada estadounidense como una extensión de la propiedad estatal de EE. UU., poniendo en jaque la autonomía de toda la región frente a sus recursos estratégicos.

A través de un decreto presidencial, el mandatario brasileño dejó fuera del beneficio de libertad a los seguidores de Jair Bolsonaro que participaron en el asalto a las sedes de los tres poderes en enero de 2023, reforzando la postura institucional contra los ataques a la democracia.

Bajo la consigna “América Latina, territorio de paz”, centrales obreras, organismos de derechos humanos y movimientos sociales firmaron un documento nacional en repudio a las amenazas de intervención militar en Venezuela y las políticas extractivistas del gobierno de Javier Milei.

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Frente al avance de discursos que priorizan el mérito personal sobre el bienestar colectivo, un grupo de recolectores de residuos en el interior bonaerense transformó su aguinaldo en una cena navideña para cientos de vecinos, activando una red de donaciones espontáneas que reafirma la vigencia de los lazos comunitarios en el país.

A pocos días de finalizar el año, las estadísticas oficiales revelan una crisis de seguridad vial sin precedentes, consolidando a los siniestros de tránsito como la segunda causa de muerte violenta en el país, solo por detrás de los homicidios.