Denuncia penal contra Javier Milei por mal desempeño de deberes

La acusación se centra en la demora injustificada en la promulgación y publicación de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, aprobada por el Congreso tras rechazar el veto presidencial, lo que viola los artículos 248 del Código Penal, 83 y 100 de la Constitución Nacional.

La denuncia, radicada en los Tribunales Federales de Comodoro Py junto a la diputada Mónica Fein, argumenta que los funcionarios han incumplido su obligación constitucional de publicar la norma en el Boletín Oficial una vez que el Senado notificó formalmente la insistencia en el proyecto el pasado 4 de septiembre, hace ya más de diez días hábiles. "Las etapas de promulgación y publicación fueron vencidas con la votación de las mayorías constitucionalmente establecidas", se detalla en el escrito, que califica la inacción como un "abuso de autoridad" y un obstáculo deliberado al cumplimiento de una ley que protege derechos esenciales de miles de personas con discapacidad.

La Ley 27.793, sancionada por ambas cámaras del Congreso en sesiones maratónicas, declara la emergencia en materia de discapacidad hasta diciembre de 2025 y establece aumentos automáticos en las prestaciones del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el programa Incluir Salud, ajustados por inflación desde diciembre de 2023. Estos incrementos, que podrían rondar entre el 50% y el 70% según las prestaciones, son vitales para actualizar aranceles de terapias, medicamentos y pensiones, en un contexto de alta inflación que ha erosionado el poder adquisitivo de los beneficiarios. Sin embargo, el Gobierno vetó inicialmente la norma por "restricciones fiscales", y aunque el Congreso la ratificó, el Ejecutivo no ha avanzado en su implementación, alegando la necesidad de definir financiamiento.

Paulón, del bloque Encuentro Federal, había advertido previamente con una carta documento a Ibarzábal Murphy, dándole 24 horas para publicar la ley bajo apercibimiento de acciones penales. "El Gobierno confirmó que promulgará la ley de discapacidad, pero no la aplicará hasta definir el financiamiento", señaló el diputado en su intimación, adjuntando constancia de su diploma como legislador y el texto final de la ley. Ahora, en la denuncia, se incorpora esta documentación y se pide el inicio de la causa, argumentando que el veto fue superado y que no hay plazos adicionales para la ejecución: "El único deber legal que deben realizar es implementar la ley de la forma más inmediata posible y no obstaculizar lo que otro poder del Estado ha votado cuatro veces".

El caso ha generado un fuerte repudio en el ámbito político y social. Organizaciones de derechos humanos y prestadores del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDI) celebraron la medida, destacando que la demora agrava la crisis en el sector, donde miles de familias esperan aumentos urgentes para acceder a servicios básicos. "Esta inacción equivale a un abandono de personas vulnerables", advirtieron los denunciantes, sin descartar ampliar la imputación por ese delito. Desde el oficialismo, no hubo respuesta inmediata, aunque el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, había asegurado verbalmente a los prestadores que se trabaja en la reglamentación, sin avances concretos en el Boletín Oficial.

Esta denuncia se suma a una serie de tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso por vetos rechazados, como los relacionados con financiamiento universitario y emergencias sectoriales. Analistas ven en ella un intento de la oposición de forzar la accountability del Gobierno en un año electoral, recordando que la ley fue impulsada por figuras como el exdiputado Daniel Arroyo y cuenta con amplio consenso multipartidario. Mientras tanto, el fiscal de turno deberá evaluar si procesa a los denunciados, en un proceso que podría extenderse y exponer al Presidente a mayores cuestionamientos judiciales.