Subieron los combustibles sin aviso y los usuarios se enteran en el surtidor

Con la eliminación de la obligación de informar aumentos, los precios de las naftas volvieron a subir en silencio. 
Los automovilistas de todo el país se encontraron nuevamente con un aumento en los combustibles sin previo aviso. El incremento, que ronda entre el 5 y el 6 por ciento en las últimas semanas, se hizo sentir directamente en los surtidores. El detalle es que ya no existe obligación legal de comunicar los cambios de precios, lo que convierte cada carga en una sorpresa para quienes dependen del vehículo para trabajar o trasladarse.

La situación tiene origen en la decisión del Gobierno de Javier Milei de derogar la Resolución 314/2016, que establecía que las estaciones de servicio debían informar al Estado cualquier modificación en un plazo máximo de ocho horas. En su reemplazo, la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía quitó esa obligación, bajo el argumento de reducir cargas burocráticas para las empresas.

El resultado es inmediato: los consumidores ya no cuentan con información previa ni con la aplicación oficial “Precios en Surtidor”, que hasta mediados de año permitía consultar valores en más de cinco mil estaciones. Hoy, los aumentos se conocen recién cuando el usuario sostiene la manguera y mira cómo la cifra del display sube más rápido que el combustible dentro del tanque.

Desde organizaciones de defensa del consumidor y legisladores opositores señalaron que la medida vulnera la transparencia del mercado e impide comparar precios de manera real, debilitando la competencia entre estaciones. También alertan sobre el impacto directo en los bolsillos de trabajadores y trabajadoras, que ven cómo se achica el margen para llegar a fin de mes sin ningún tipo de previsibilidad.

En la Legislatura bonaerense y en el Congreso nacional ya comenzaron a circular proyectos para reinstalar la obligación de informar aumentos, incluso con propuestas de aviso con 72 horas de anticipación. Sin embargo, mientras tanto, la desregulación sigue vigente y los precios se mueven sin control público.