Condena histórica a Uribe: un golpe a la impunidad de las élites

El 28 de julio de 2025, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable por soborno en actuación penal y fraude procesal en un fallo histórico del Juzgado 44 Penal de Bogotá. Tras 475 días de juicio, la jueza Sandra Liliana Heredia determinó que Uribe manipuló testimonios para proteger su imagen, un hecho que marca la primera condena penal contra un exmandatario colombiano. La sentencia, que podría implicar entre seis y doce años de prisión, probablemente en arresto domiciliario, se definirá el 1 de agosto a las 2:00 p.m. Este veredicto resuena entre trabajadores y movimientos sociales como un avance contra la impunidad de las élites que han dominado el país.

El caso comenzó en 2012, cuando el senador Iván Cepeda expuso en el Congreso los presuntos lazos de Uribe con paramilitares, grupos responsables de masacres que afectaron a campesinos y trabajadores. Uribe, entonces senador, contraatacó acusando a Cepeda de manipular testigos, pero en 2018, la Corte Suprema archivó la denuncia contra Cepeda y abrió una investigación contra Uribe. La jueza Heredia comprobó que Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, ofreció beneficios a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve para que declararan en contra de Cepeda. Grabaciones, interceptaciones telefónicas y correos revelaron un plan deliberado para torcer la justicia, afectando a quienes buscan verdad sobre los crímenes del paramilitarismo.

Para los trabajadores colombianos, este fallo representa un paso hacia la justicia, aunque muchos desconfían de su impacto real. Uribe, figura central de políticas que priorizaron a las élites y debilitaron derechos laborales, ha sido un símbolo de poder intocable. Su condena llega tras años de lucha de movimientos sociales, que han enfrentado represión y estigmatización por denunciar la connivencia entre políticos y grupos armados. Cepeda, reconocido como víctima junto a los exfiscales Jorge Perdomo, Eduardo Montealegre y Deyanira Gómez, destacó que el fallo prueba que nadie está por encima de la ley, un mensaje que resuena en comunidades golpeadas por la violencia.

La defensa de Uribe, encabezada por Jaime Granados, anunció una apelación para el 11 de agosto ante el Tribunal Superior de Bogotá, alegando que el proceso es una persecución política. Desde el Centro Democrático, fundado por Uribe, se insiste en que el fallo busca deslegitimar a un líder que combatió a las guerrillas, un discurso que ignora el costo humano de sus políticas. Voces como la senadora María Fernanda Cabal han calificado la sentencia como un ataque de la izquierda, mientras el presidente Gustavo Petro llamó a respetar la independencia judicial, una postura que no convence a todos los sectores populares, que ven en su gobierno tibieza frente a las élites.

La polarización que genera este caso refleja las tensiones entre los trabajadores y los sectores de poder. Mientras las bases populares celebran la condena como un freno a la impunidad, los defensores de Uribe lo presentan como víctima, un relato que busca desviar la atención de las víctimas reales del paramilitarismo. El fallo podría influir en las elecciones de 2026, donde el Centro Democrático enfrenta el desafío de mantener su influencia, mientras movimientos sociales buscan fortalecer su lucha por justicia y equidad. La audiencia del viernes definirá si Uribe cumple arresto domiciliario, aunque el caso podría llegar a la Corte Suprema o prescribir el 8 de octubre, lo que alimentaría la desconfianza de los trabajadores en el sistema judicial.