La Mecha EncendidaEl Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento que impactará directamente en las boletas de gas de los usuarios residenciales de todo el país, profundizando la política de recomposición tarifaria y ajuste de subsidios. A través de la Resolución 1909/2025, emitida por la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Economía, se estableció un incremento en el recargo aplicado sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que se traducirá en una suba automática para los consumidores finales.
La medida establece que el recargo aplicado al precio del gas en el PIST será elevado al 7,50%. Este porcentaje representa la participación del precio del gas en el total de la tarifa final que abona el usuario. Al modificar la estructura de costos de la materia prima en origen, el aumento se traslada de manera directa y plena a las facturas de gas de todos los usuarios residenciales, sin distinción de zona o distribuidora.
Este nuevo ajuste se inscribe en un contexto de constantes revisiones tarifarias que buscan reducir el déficit fiscal mediante la disminución de los subsidios económicos. Las empresas distribuidoras han argumentado que los aumentos son indispensables para actualizar los ingresos del sector frente a la inflación y garantizar las inversiones necesarias para el mantenimiento y expansión de la red de gas natural. Sin embargo, para los usuarios, este incremento supone una nueva presión sobre el poder adquisitivo, que ya se encuentra resentido por las sucesivas subas en servicios esenciales.
El impacto de la Resolución 1909/2025 se sentirá con fuerza en las próximas boletas que reciban los hogares, especialmente en las regiones donde el consumo de gas es más elevado. Este tipo de medidas oficiales generan preocupación entre las asociaciones de consumidores, quienes advierten sobre el riesgo de que las tarifas se vuelvan impagables para vastos sectores de la población, incrementando la morosidad y limitando el acceso a un servicio considerado fundamental. La escalada de precios en los servicios públicos, impulsada por las resoluciones oficiales, mantiene encendida la alarma sobre el ajuste que recae sobre los presupuestos familiares.
