La situación del Instituto Provincial de los Aborígenes Santafesinos (IPAS) vuelve a poner en evidencia la deuda histórica y estructural del Estado con los pueblos originarios de Santa Fe.
15/05/2025 Redacción LMEA través de una carta dirigida al gobernador Maximiliano Pullaro, los concejeros electos del organismo denunciaron la parálisis institucional que afecta al IPAS desde hace más de seis meses y solicitaron una audiencia urgente.
Los representantes indígenas, elegidos democráticamente en una asamblea que reunió a más de 100 comunidades originarias de toda la provincia, advierten que el Instituto carece de presupuesto, recursos operativos y vínculos institucionales reales con otras áreas del Estado. Esta precariedad no solo impide la ejecución de políticas públicas, sino que también fuerza a los concejeros a sostener su trabajo de representación desde la informalidad y la autogestión, en muchos casos sin remuneración alguna.
“La única respuesta institucional que recibimos es que ‘nos manejemos como podamos’”, denuncian en la misiva. Una frase que, lejos de ser una solución, grafica el abandono y la desidia con la que el gobierno provincial viene tratando a este órgano fundamental de participación indígena.
El IPAS fue creado en 1997 mediante la Ley Provincial Nº 11.078, como resultado de décadas de lucha y organización de los pueblos originarios de Santa Fe, entre ellos los Qom, Mocovíes y Pilagás. Esta norma reconoció por primera vez la necesidad de garantizar la participación directa de las comunidades indígenas en la elaboración de políticas públicas que las involucren. Desde entonces, el Instituto fue pensado como un espacio autónomo y democrático, donde las decisiones se tomaran desde abajo, con legitimidad territorial.
Sin embargo, a pesar de su marco legal claro, el IPAS ha atravesado múltiples etapas de vaciamiento, falta de financiamiento y uso político por parte de los distintos gobiernos. El hecho de que en 2024 se haya logrado realizar una asamblea provincial con más de un centenar de comunidades y elegir nuevos concejeros representó un hecho histórico y un intento de reactivación institucional. Hoy, ese avance corre el riesgo de quedar en la nada.
Los concejeros reclaman que el IPAS deje de ser un elemento decorativo o simbólico en la gestión estatal. Exigen que se lo reconozca como lo que es: una herramienta viva, autónoma y representativa, diseñada para garantizar que las comunidades originarias puedan participar activamente en el diseño y acompañamiento de políticas públicas que las afectan directamente.
El pedido de audiencia al gobernador busca abrir un canal de diálogo institucional serio, entregar un diagnóstico del estado crítico en que se encuentra el Instituto y exigir medidas concretas que garanticen su funcionamiento pleno.
“Confiamos en que este pedido será considerado con la seriedad que amerita”, expresan los firmantes. Mientras tanto, las comunidades continúan esperando que el gobierno provincial asuma de una vez por todas su responsabilidad política y legal en la defensa de los derechos de los pueblos originarios.
La espera no es nueva.
Pero el hartazgo, tampoco.
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