Radiografía del encubrimiento y la impunidad de la violencia institucional

"¿Qué pasa después?", se pregunta Amnistía Internacional (AI) ante cada caso de violencia policial. La respuesta de la oficina local de esta organización global de derechos humanos es que luego de una muerte por gatillo fácil, torturas y asesinato en una comisaría o una desaparición forzada lo que sigue es "deficiencia en las investigaciones judiciales, encubrimiento, exclusivo foco en la versión oficial y amenazas", como "algunas de las prácticas extendidas que se observan al interior de las fuerzas y conllevan a la impunidad en los casos de violencia policial".

AI afirmó que "todo ello implica una clara vulneración al derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familias". Las páginas del extenso documento repasan casos emblemáticos de todo el país, entre ellos los de Mauro Coronel, la familia Fontana, Blas Correa y Facundo Astudillo Castro. Acorde a los tiempos de campaña, esta entidad que brinda apoyo integral a las víctimas ante la ausencia (o presencia nociva) del Estado, reiteró "a los candidatos que informan sus prioridades para un futuro gobierno su preocupación ante la ausencia de medidas integrales y coordinadas para combatir la violencia institucional". 

A su criterio, las plataformas electorales con aspiraciones a convertirse en planes de gobierno deben plantear el desarrollo de protocolos con "criterios respetuosos de los estándares internacionales de derechos humanos y capacitaciones permanentes". Además, deben producir información fiable, con mecanismos de rendición de cuentas eficaces, y garantizar investigaciones judiciales imparciales, independientes, prontas y efectivas, entre otras necesidades que consideró urgentes. Para AI "la violencia policial y el uso abusivo de la fuerza son una práctica extendida y cotidiana en el abordaje y control de territorios, que exigen una evaluación del rol de las fuerzas de seguridad de la mano de una reforma integral por parte de las autoridades nacionales y provinciales para establecer una política de seguridad respetuosa de los derechos humanos".

En el informe, AI da cuenta de las dificultades que enfrentan las investigaciones ante hechos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Fueron analizados casos de investigaciones deficientes en Santiago del Estero, Córdoba, Chaco como así también en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires. Allí, las víctimas, sus familias, abogados y expertos contaron en primera persona los obstáculos que atravesaron para lograr justicia. En palabras del abogado de Laura Coronel, Ignacio Fernández Camillo, "el caso de violencia institucional no empieza y termina con el palazo". 

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó la recepción de 1079 denuncias de distintos tipos de violencia por parte de fuerzas de seguridad de todo el país durante 2021, de las cuales 53 involucran la muerte de personas. Sin embargo, este número solo refiere a las denuncias recibidas por este organismo y para AI no es representativo del contexto nacional. Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria informó al menos 90 casos de muertes por uso de la fuerza policial durante 2022. A su vez, según datos relevados por la sociedad civil (informe de la Correpi), en 2022 cada 20 horas una persona falleció víctima de la violencia policial en Argentina.

Fuentes:  https://www.pagina12.com.ar/554003-radiografia-del-encubrimiento-y-la-impunidad-de-la-violencia