Tolosa Paz reemplazará a Juan Zabaleta en Desarrollo Social, Ayelén Mazzina asumirá en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y Raquel "Kelly" Olmos ocupará la cartera laboral. La jura está prevista para mañana.
La iniciativa de Ministerio de Desarrollo Social y de Mujeres, Género y Diversidad y el Canal Pakapaka busca repensar los estereotipos de género asociados al uso de los juguetes y promueve el respeto por la diversidad en la crianza.
El programa Banco Solidario fue creado por el decreto N.º 538/05 de la provincia de Santa Fe. En el año 2021 se puso en marcha nuevamente, realizando articulaciones con municipios, comunas y asociaciones civiles, adhiriendo al programa 3 municipios, 19 comunas y 22 asociaciones civiles de diferentes regiones de la provincia, con un universo estimado de posibles sujetos de crédito de 900 personas/créditos.
El Ministerio de Desarrollo Social firmó convenios para la inclusión educativa y digital de niños y niñas, para la compra de elementos para comedores y copa de leche, para mejoras en jardines maternales y centros comunitarios y capacitación laboral.
Gisela Scaglia, segunda autoridad provincial, se alineó con la celebración del oficialismo nacional por el triunfo ultraconservador de José Antonio Kast en Chile, una postura que le valió durísimas críticas de la oposición santafesina, que cuestionó su apoyo a una figura de la extrema derecha.
Miles de ciudadanos desbordaron las calles de las principales ciudades brasileñas para expresar su rechazo al proyecto de ley que busca beneficiar a los responsables del intento de golpe de Estado de 2023, en una jornada que unió el reclamo político con la presencia de figuras icónicas de la cultura nacional.
Los mandatarios provinciales se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones para unificar reclamos por deudas de coparticipación, parálisis de la obra pública y el desvío de fondos previsionales, advirtiendo que el modelo económico nacional pone en riesgo la viabilidad de los territorios.
El oficialismo, con el respaldo clave del PRO y sectores de la UCR, avanzó en la Cámara de Diputados con un proyecto de ley que elimina las garantías de financiamiento para la educación superior y el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, generando una fuerte reacción de los sectores afectados.
Un informe colaborativo estima en 21 billones de pesos anuales el flujo de recursos que dejarían de percibir los trabajadores para integrarse a la rentabilidad empresarial, impulsado por cambios drásticos en el cálculo de indemnizaciones, la eliminación de presunciones de empleo y la flexibilización de la jornada laboral.