La Mecha EncendidaEl impacto de las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional sobre las prestaciones esenciales volvió a generar fuerte controversia en el ámbito político y sanitario de la región. Durante la última sesión, el Concejo Municipal de Santa Fe aprobó un proyecto de comunicación mediante el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo que gestione ante las autoridades provinciales la remisión de informes detallados sobre el alcance y las consecuencias directas de la drástica reducción operada en la distribución de medicamentos a través del Programa Nacional Remediar.
La iniciativa, impulsada por el edil radical Julián Martínez en representación del interbloque oficialista, pone el foco en las consecuencias de la resolución adoptada por el Ministerio de Salud de la Nación, la cual desarticuló el esquema histórico de provisión gratuita. Durante más de dos décadas, el programa funcionó como una herramienta fundamental para garantizar el acceso equitativo a fármacos básicos en los centros de atención primaria, contemplando un vademécum de 128 elementos que incluía antibióticos, anticonceptivos y tratamientos específicos para patologías crónicas como asma, diabetes e hipotiroidismo.
Sin embargo, con la nueva reglamentación nacional, el listado fue acotado de manera abrupta a sólo seis medicamentos orientados exclusivamente a la prevención y el tratamiento de patologías cardiovasculares. Esta exclusión masiva de insumos médicos dejó desabastecidos a los efectores públicos de salud y trasladó una pesada carga financiera sobre las administraciones provinciales, que deben absorber el costo de reposición para evitar la interrupción de tratamientos prolongados en pacientes vulnerables.
Durante el debate en el recinto, los ediles advirtieron sobre el colapso silencioso que esta decisión provoca en los hospitales y centros de salud municipales y provinciales, donde la demanda de atención se incrementó exponencialmente en paralelo al crecimiento de la pobreza y la pérdida de cobertura de obras sociales. Los datos expuestos durante la discusión legislativa reflejan un desplome notable en los volúmenes de tratamientos cubiertos por la Nación en comparación con años anteriores, evidenciando una retracción sistemática de la asistencia federal.
Ante este escenario de desprotección, el gobierno provincial debió reasignar partidas presupuestarias superiores a los 65.000 millones de pesos orientadas a robustecer las compras propias de medicamentos y compensar la caída de los envíos nacionales, duplicando la cantidad de asistencias médicas brindadas en el sistema público santafesino en lo que va del año. Mientras que gran parte del arco político local repudió el retiro de la asistencia estatal y cuestionó la falta de sensibilidad social de las medidas de achicamiento fiscal, el bloque de La Libertad Avanza defendió la reestructuración al argumentar supuestas falencias de control y auditoría en el sistema de distribución de los botiquines sanitarios.
