El Gobierno nacional confirmó la licitación para privatizar la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). La decisión fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X, donde adelantó que este viernes se publicarían “en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90 por ciento de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”.
El convenio será por 30 años, con posibilidad de prórroga. Caputo dice que con los privados la empresa “va a andar mejor”. Sin embargo, los antecedentes revelan lo contrario: durante la anterior privatización, la compañía paralizó la extensión de la cobertura porque delegaba en los usuarios el pago de las obras para garantizar el servicio esencial de agua y cloacas que, por contrato, se había comprometido a brindar. Con la reestatización posterior en 2006, por decisión del presidente Néstor Kirchner, se avanzó con la expansión en infraestructura y cobertura que actualmente llega a más de 14 millones de personas en el área metropolitana.
En su sesión del jueves, el Senado aprobó una moción de preferencia impulsada por Wado de Pedro para priorizar el tratamiento del proyecto de ley que declara a AYSA “de interés público y estratégico para el desarrollo humano”, en un intento por impedir esta privatización.
“La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos”, afirmó el titular de Hacienda, con un discurso que repite el libreto de los años noventa y desconoce lo que ocurrió con la firma en la anterior pase a manos privadas.
Desde Economía, informaron que el Ejecutivo busca concretar la venta de al menos el 51 por ciento de las acciones a un “operador estratégico” y que el resto salga a la Bolsa.
La empresa que resulte ganadora de la compulsa pública se regirá por el nuevo contrato de concesión, aprobado a fines de abril, que fija la prestación del servicio por un plazo de 30 años, con posibilidad de que se prorrogue por 10 años más.
AySA es una de las ocho empresas que el Gobierno prevé privatizar en el marco de la reglamentación de la Ley Bases. Las otras que figuran en la lista a rematar son Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos”, insistió el ministro, negando la historia reciente.
La decisión se enmarca en la desesperación de la administración libertaria por conseguir divisas que le permitan equilibrar las cuentas públicas. En esa carrera, afectan intereses de la mayoría de la población, mientras mantienen los privilegios del sector financiero y primario. Se estima que el Estado busca recaudar cerca de 500 millones de dólares, por esta transferencia.
El proyecto contempla una etapa de transición (2024-2026), donde la gestión de la firma tendrá que cumplir con el Plan de Acción vigente para reorientar su gestión y sanear sus cuentas. Y otro momento que el Gobierno llama “Nueva era” (2027-2031): comienza en enero del año próximo con el “Primer Ciclo Tarifario” bajo el control privado y el desarrollo de las metas de inversión acordadas.
