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Reino Unido blinda el alquiler sin fecha de caducidad que los socios exigen al Gobierno en España

Reino Unido acaba de hacer algo que en España todavía suena a debate pendiente, cuando no directamente a tabú político: convertir el alquiler en una forma de vida estable y no en una cuenta atrás hacia la próxima renovación.

La nueva legislación británica sobre los derechos de los inquilinos rompe con una de las lógicas más duras del mercado privado: los contratos con fecha fija de caducidad y la posibilidad de que el propietario ponga fin al alquiler sin tener que justificar una causa concreta. A partir de ahora, el inquilino podrá permanecer en su vivienda mientras cumpla sus obligaciones, y el casero solo podrá recuperar el inmueble en supuestos tasados por la ley.

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La decisión no llega en el vacío. Reino Unido ha tomado esta medida en plena crisis de acceso a la vivienda, considerada la más grave desde la década de 1930, con precios disparados, alquileres cada vez más inasumibles, falta de vivienda asequible y una generación entera atrapada entre la imposibilidad de comprar y la inseguridad de alquilar. ¿Les suena? El diagnóstico británico tiene una potencia política evidente: cuando el mercado deja de garantizar un hogar, el Estado entra a corregir las reglas. No se trata solo de construir más, sino de impedir que vivir de alquiler sea sinónimo de provisionalidad permanente.

El corazón de la reforma (que entra en vigor este 1 de mayo) es claro: se acaban los contratos temporales como norma en el alquiler privado inglés. Las llamadas fixed-term tenancies serán sustituidas por arrendamientos periódicos o abiertos, de modo que el contrato ya no termina automáticamente porque llegue una fecha marcada en el calendario. Organizaciones especializadas en vivienda como Shelter explican que estos contratos no tendrán una fecha final establecida y funcionarán como alquileres mensuales o semanales de carácter continuado.

El otro gran cambio es la desaparición de los llamados desahucios sin causa, conocidos en Reino Unido como Section 21 evictions. Hasta ahora, un propietario podía recuperar la vivienda sin tener que alegar un incumplimiento del inquilino. Con la nueva ley, ese mecanismo queda abolido y el arrendador deberá acudir a causas legales específicas, como impago, necesidad de vender o recuperación del inmueble en determinados supuestos. El Gobierno británico subraya que el propietario seguirá teniendo vías para recuperar su vivienda, pero ya no podrá hacerlo mediante una expulsión arbitraria.

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