La Mecha EncendidaEn medio de la vorágine de cambios estructurales aprobados en el Congreso, la derogación del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908) representa uno de los puntos de mayor gravedad institucional, a pesar de la escasa cobertura mediática que ha recibido el tema. Este estatuto no era un simple convenio colectivo, sino una ley nacional que establecía protecciones fundamentales ante las presiones de las empresas de medios y el poder político.
Al quedar sin efecto, la labor periodística pierde su régimen especial de estabilidad, sus escalas salariales mínimas diferenciadas y, fundamentalmente, las salvaguardas que permitían a los cronistas negarse a realizar tareas que violaran principios éticos o profesionales sin temor a represalias inmediatas.
La eliminación de esta normativa se integra al nuevo esquema de "flexibilidad extrema" que impone la jornada de 12 horas y el banco de horas. Para el periodista, esto significa el fin de la jornada de seis horas por insalubridad y riesgo, una conquista histórica basada en el desgaste mental y la exposición constante de la profesión.
Bajo el nuevo marco legal, los trabajadores de prensa quedan sujetos al régimen general de despido sin indemnización y a la posibilidad de que sus salarios sean ajustados de forma dinámica o pagados en especie, lo que debilita severamente la independencia de quienes deben informar sobre los actos de gobierno y la realidad social.
Un aspecto crítico de esta derogación es la desprotección del secreto profesional y la propiedad intelectual de las notas. El Estatuto garantizaba que el periodista tuviera control sobre su firma y sus contenidos; ahora, en un escenario de apertura importadora y crisis de las pymes, la precarización del sector de prensa facilita la concentración mediática y la sustitución de profesionales por generadores de contenido sin derechos laborales.
Esta medida se suma al cierre de 21.000 empresas en el país, afectando a cientos de pequeñas editoriales y radios locales que ya no cuentan con un marco regulatorio que proteja la calidad del empleo frente a la voracidad del mercado.
La falta de repercusión en los grandes medios nacionales ha sido denunciada por diversas federaciones de trabajadores de prensa, quienes señalan un "pacto de silencio" entre las cámaras empresariales y el Ejecutivo para avanzar sobre derechos que eran vistos como un obstáculo para la reducción de costos operativos.
Con esta media sanción, el periodismo argentino retrocede décadas en materia de derechos, quedando expuesto a una precariedad que no solo afecta el bolsillo del trabajador, sino la calidad democrática de la información. Mientras la CGT y otros gremios preparan la movilización del 11 de febrero, el sector de prensa enfrenta ahora el desafío de reconstruir su identidad laboral en un desierto legal donde la palabra ha perdido su protección estatal.
