El proyecto de reforma laboral impulsado por la diputada nacional Romina Diez (La Libertad Avanza) ha encendido una señal de alarma entre sindicatos y especialistas del derecho laboral.
Provincia de Santa Fe01/12/2025
La Mecha EncendidaEl proyecto de reforma laboral impulsado por la diputada nacional Romina Diez (La Libertad Avanza) ha encendido una señal de alarma entre sindicatos y especialistas del derecho laboral. La clave del debate se centra en un mecanismo que busca introducir el concepto de "salario dinámico por mérito y productividad", una propuesta que, según sus críticos, debilita la seguridad económica del trabajador al supeditar su ingreso a la performance variable de la empresa o a metas específicas. Este proyecto, que el Gobierno impulsa como un eje de la "modernización" de las relaciones laborales, plantea un quiebre en la lógica histórica de las negociaciones salariales en Argentina.
La iniciativa busca incentivar que los acuerdos de negociación colectiva, ya sean sectoriales o a nivel de empresa, se rijan bajo criterios objetivos de productividad o metas de rendimiento. Si bien la propuesta oficialista defiende que esto generará un estímulo para la eficiencia y permitirá que los salarios reales superen a los de convenio, el sector sindical y las organizaciones de trabajadores advierten un riesgo significativo. Al ligar directamente los aumentos de sueldo o los componentes variables del mismo a la rentabilidad de la compañía o al desempeño individual, se introduce una gran incertidumbre en los ingresos del trabajador. Los aumentos salariales podrían volverse reversibles y estar sujetos a ciclos económicos adversos de la empresa, lo que compromete la estabilidad financiera del empleado frente a la inflación y al costo de vida.
Esta nueva dinámica salarial, basada en el mérito y el resultado, amenaza con desarticular la función protectora de las negociaciones paritarias tradicionales, que buscan establecer pisos salariales comunes para toda una actividad, ajustados generalmente por la inflación. Al priorizar acuerdos por empresa o incluso individuales, se erosiona el poder de negociación de las organizaciones sindicales, fragmentando la representación y reduciendo la capacidad del trabajador de planificar sus gastos a largo plazo. La imposibilidad de contar con un ingreso predecible hace mucho más difícil afrontar compromisos financieros como créditos, alquileres o compras en cuotas, ya que la porción del ingreso sujeta a la productividad fluctúa constantemente.
Además de este punto central, el proyecto de reforma laboral contempla otras medidas de flexibilización que suman preocupación por el bienestar económico del empleado. Entre ellas se encuentra la posibilidad de que una parte del salario se abone a través de mecanismos como "ticket canasta o restaurant," que no necesariamente contarán dentro de los aportes jubilatorios, reduciendo la base de la seguridad social futura. También se plantea la posibilidad de pagar indemnizaciones por despido en hasta doce cuotas, un mecanismo que protege la caja de la empresa pero retrae el efectivo que el trabajador necesita de manera inmediata para subsistir tras la pérdida de su empleo. La suma de estos elementos, centrada en el salario dinámico y variable, configura un paquete que el oficialismo defiende como pro-empleo y anti-litigiosidad, pero que vastos sectores sociales tachan de precarizador de la seguridad económica.
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