Senado rechaza el veto presidencial y convierte en ley la Emergencia en Discapacidad

 En una jornada histórica, el Senado de la Nación argentina rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobando la insistencia con 63 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

De esta manera, la Cámara Alta convirtió definitivamente en ley una norma que extiende la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, y que busca asegurar derechos esenciales para este sector. Este caso marca el primera vez en 22 años en que el Congreso anula un veto presidencial.

La Ley establece, entre sus principales puntos:

Financiamiento sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad.

Regularización de deudas y actualización de aranceles para prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

Fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) e impulso al empleo protegido.

Mecanismos de diálogo y participación con organizaciones del sector.

La votación en el Senado cerró un largo proceso que comenzó con la sanción del proyecto por parte de la Cámara de Diputados en julio, seguido por el veto del Ejecutivo a principios de agosto. En Diputados, el rechazo al veto presidencial había sido contundente: 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, superando los dos tercios necesarios para insistir con la ley.

En las inmediaciones del Congreso, familiares, prestadores y organizaciones sociales celebraron la decisión. La movilización incluyó una vigilia que comenzó la noche anterior al debate, donde se destacaron mensajes como "Son derechos humanos, son derechos adquiridos" y el reclamo directo: "Esto tiene que ser reafirmado por los senadores".

La histórica jornada también tuvo lugar en un contexto político tenso: mientras el Senado debatía esta ley, parlamentarios también discutían modificaciones al Régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Al mismo tiempo, algunas provincias, como Santa Fe, registraron movilizaciones locales como parte del reclamo nacional por los derechos en discapacidad.