El Ejecutivo argentino confirmó que no postulará al país para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, anunciado tras largas semanas de especulaciones.
Nacionales04/09/2025
La Mecha EncendidaLa medida marca un distanciamiento diplomático y provocó fuertes reproches de organizaciones como Amnistía Internacional y gremios especializados.
El retiro de la candidatura argentina se conoció inicialmente por un informe de Amnistía Internacional que advirtió que “aunque no sorprenda, Milei no tiene interés en tener un lugar en esa mesa para influir en las normas y políticas del futuro, ni siquiera para proteger los derechos humanos de las personas en Argentina”. Luego, fuentes oficiales confirmaron que el Gobierno decidió no postular al país para el nuevo período del Consejo de Derechos Humanos.
Argentina fue uno de los miembros fundadores y ocupó un rol protagonista dentro del organismo. Participó activamente en la elaboración de resoluciones sobre diversidad, justicia climática y respaldó misiones de verificación en contextos como Venezuela y Myanmar. Su alejamiento es interpretado como un debilitamiento de esa tradición diplomática.
Amnistía Internacional sostuvo que el Consejo es un foro clave para examinar violaciones, crear misiones de investigación y exigir a los Estados responsabilidades internacionales. La falta de representación implica que Argentina “no podrá votar ni presentar resoluciones”, aunque seguirá obligada por los mecanismos internacionales como observadora.
Desde la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), se expresó un fuerte repudio hacia la decisión, señalando que representa un “grave retroceso” que abandona la política exterior histórica del país y renuncia a un espacio estratégico para defender los derechos humanos en el ámbito global.
Algunas interpretaciones sugieren que, aunque ya no se postule, Argentina podría volver a presentarse en futuras candidaturas —el periodo en cuestión era el de 2026/2029— aunque ese proceso ha quedado suspendido por esta decisión.
En resumen, el Gobierno ha optado por una salida simbólica y práctica del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, alejándose de un foro que fue históricamente central para su política internacional en derechos humanos, y enfrentando cuestionamientos que lo acusan de desligarse de mecanismos multilaterales esenciales.
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