La Mecha EncendidaUna nueva controversia ambiental y judicial se desató en el complejo urbanístico Nordelta, ubicado en el partido bonaerense de Tigre, luego de que residentes y entidades proteccionistas denunciaran agresiones intencionales contra la población local de carpinchos. Los episodios generaron una fuerte indignación social tras la difusión de imágenes que muestran ejemplares heridos dentro del perímetro del barrio cerrado, lo que motivó la presentación de reclamos formales para que las autoridades de la provincia de Buenos Aires investiguen los hechos bajo la figura de delitos contra la fauna silvestre y actos de crueldad animal.
Las presentaciones judiciales exigen la pronta identificación de los responsables de los ataques y solicitan la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nacional de Protección Animal 14.346, así como en las normativas provinciales de conservación de la fauna silvestre. De acuerdo con lo expresado por referentes de las organizaciones ecologistas, las agresiones no representan un hecho aislado sino un capítulo más en el dilatado conflicto territorial desencadenado por la urbanización masiva sobre los humedales del delta del Paraná, hábitat natural originario de estos mamíferos.
El avance de los desarrollos inmobiliarios en la zona de humedales ha reducido de forma drástica el espacio biológico disponible para la fauna autóctona, provocando un contacto permanente entre la fauna nativa y la comunidad de vecinos. Mientras algunos sectores de la urbanización reclaman medidas de relocalización o control poblacional debido a los inconvenientes en jardines y zonas de tránsito, las agrupaciones ambientalistas sostienen que cualquier intervención debe garantizar la integridad física de los animales y la preservación del ecosistema del humedal.
Frente a la gravedad de las denuncias, los organismos de fiscalización ambiental de la provincia de Buenos Aires deberán evaluar la situación epidemiológica y poblacional de la especie en el distrito. En tanto, la Justicia de Tigre comenzará a recepcionar testimonios y material probatorio a fin de determinar las circunstancias en las que se produjeron las lesiones en los carpinchos, mientras los colectivos proteccionistas ratifican la necesidad de implementar corredores biológicos y planes de manejo sustentable que eviten el maltrato animal.
