La Mecha Encendida“Exigimos al gobierno de Estados Unidos que ponga fin de manera inmediata y permanente a estos ataques, e instamos a todos los gobiernos de las Américas a abstenerse de prestarles cualquier tipo de asistencia”, dice el texto, que lleva la firma de 72 legisladores de Estados Unidos, Colombia, Argentina, México, Chile y Canadá, entre otros.
“Nos comprometemos a utilizar nuestras facultades legislativas y de supervisión para promover la transparencia y la rendición de cuentas en torno a estas ejecuciones extrajudiciales, y a exigir justicia para las víctimas y sus familias. Mantendremos firme nuestro compromiso de poner fin a la complicidad de nuestros respectivos gobiernos en actos contrarios al derecho internacional”, dice el texto.
Desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha matado a al menos 227 personas en alta mar, en ataques encubiertos contra lanchas y embarcaciones pesqueras que consideró vinculadas al narcotráfico. La denuncia advierte que “no existe evidencia de que alguno de los objetivos representara una amenaza inminente que justificara el uso de fuerza letal”. “Las identidades de la gran mayoría de las víctimas siguen sin conocerse públicamente, y muchas de sus familias carecen de vías efectivas y seguras para obtener información, exigir justicia o acceder a reparaciones. Las comunidades costeras y pesqueras viven con temor e incertidumbre, ya que estos ataques ponen en riesgo sus vidas y medios de subsistencia”.
El texto llama la atención sobre la legalidad de los ataques perpetrados por Estados Unidos, a los que considera “ejecuciones extrajudiciales”. Los legisladores sostienen que ni siquiera cumplen con su objetivo manifiesto, el de reducir el narcotráfico. “La militarización y el uso de fuerza letal no reducen de manera sostenible ni la producción ni el tráfico de drogas, ni abordan las condiciones económicas, sociales e institucionales que los sostienen”.
Los legisladores lamentan además el apoyo que las operaciones reciben por parte de los países aliados de Estados Unidos en la región, “mediante el intercambio de inteligencia por parte de otros gobiernos, el acceso a bases e instalaciones militares, el apoyo logístico y otras formas de cooperación”. “Conforme al derecho internacional, los Estados pueden incurrir en responsabilidad cuando prestan ayuda o asistencia para la comisión de actos internacionalmente ilícitos con el propósito de facilitar dichos actos”, dice el texto.
