La Mecha EncendidaEl Poder Ejecutivo de Bolivia declaró oficialmente el estado de emergencia nacional en todo el territorio del país tras la firma del decreto supremo que dispone la eliminación total de los subsidios estatales al diésel, impulsando una de las medidas de ajuste fiscal más drásticas y de mayor impacto social adoptadas por la gestión del presidente Rodrigo Paz. Desde las oficinas del Palacio Quemado, las autoridades nacionales defendieron la determinación argumentando la urgencia de sincerar los precios del mercado energético interno para garantizar un abastecimiento continuo en las estaciones de servicio, combatir el contrabando hacia países limítrofes y frenar la persistente pérdida de alrededor de 2.600 millones de dólares anuales en las arcas públicas. De acuerdo con lo manifestado por el propio mandatario, estos cuantiosos recursos que antes financiaban la subvención de los carburantes serán reorientados progresivamente mediante un paquete de medidas de compensación económica directa, ayudas sociales y programas de contención dirigidos a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad.
Sin embargo, la abrupta quita del beneficio fiscal generó un inmediato e intenso clima de conmoción e inestabilidad social en los principales centros urbanos bolivianos. Diversos gremios del transporte pesado, la poderosa Confederación de Choferes de Bolivia, los sindicatos de la educación y agrupaciones de la Central Obrera Boliviana rechazaron de plano la medida al advertir que el violento encarecimiento del combustible impactará de manera directa en las tarifas del pasaje urbano e interprovincial, además de desatar un inevitable efecto dominó sobre los precios de los productos que integran la canasta básica de alimentos. Como primera respuesta a la resolución del gabinete nacional, las principales dirigencias del sector del transporte anunciaron la puesta en marcha de un paro de actividades por 48 horas, acompañado por el corte sistemático de carreteras estratégicas y la organización de marchas masivas hacia las sedes gubernamentales.
En el plano político e institucional, la veloz escalada del conflicto derivó en un cruzamiento de acusaciones entre la administración entrante y las principales bancadas de la oposición parlamentaria. Mientras el equipo de gobierno de Rodrigo Paz insistió en la necesidad imperiosa de tomar decisiones económicas difíciles pero estructuralmente inevitables para estabilizar las finanzas del Estado y atraer inversiones, los sectores opositores denunciaron la falta de espacios de diálogo previos con la sociedad civil y alertaron sobre las graves consecuencias inflacionarias que esta medida acarreará para el poder adquisitivo de los trabajadores. Asimismo, las autoridades del área de Hidrocarburos volvieron a poner en la mira los balances de las gestiones anteriores, denunciando serias irregularidades en la fiscalización de los suministros e investigaciones en curso por el desvío ilícito de millones de litros de combustible. Con la declaración formal de la emergencia, el Ejecutivo busca dotarse de herramientas legales de excepción y desplegar a las fuerzas de seguridad para garantizar la circulación en las rutas nacionales y la custodia de la infraestructura energética crítica.
