La Mecha EncendidaEl proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2027 volvió a encender la polémica en torno a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Una de las disposiciones incluidas por el Poder Ejecutivo en el texto normativo busca modificar de manera sustancial las condiciones de acceso y mantenimiento de las pensiones no contributivas, proponiendo que la obtención de un empleo registrado o el alta en alguna categoría tributaria pasen a ser causal directa de incompatibilidad con el cobro de la prestación estatal.
La medida representa un giro drástico respecto del régimen vigente, el cual fue diseñado con el objetivo de promover la inserción en el mercado de trabajo mediante la compatibilización de ambos ingresos bajo determinados topes. De aprobarse la propuesta oficial tal como fue redactada, la normativa dejaría de contemplar el monto percibido o la carga horaria del trabajador, de modo que la sola existencia de una relación laboral formal resultaría suficiente para invalidar la asistencia social que brinda el Estado.
El texto enviado para debate parlamentario tampoco precisa si el registro de empleo derivaría en la suspensión temporal del beneficio mientras dure la relación laboral o si devendría en la baja definitiva de la pensión. Este punto gris del proyecto genera incertidumbre entre las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos de personas con discapacidad, quienes advierten que la iniciativa obliga a los beneficiarios a optar entre la estabilidad de la contención económica estatal o el riesgo que implica la aceptación de una oportunidad en el mercado laboral privado.
La propuesta del Ejecutivo nacional comenzará a ser analizada en las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado en el marco del tratamiento del Presupuesto 2027. Durante las discusiones legislativas se prevé un intenso debate entre los bloques parlamentarios sobre la necesidad de adecuar los recursos públicos y el impacto que esta restricción podría generar en los niveles de formalidad y los derechos de las personas con discapacidad.
