LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

Enrique Mammarella y Franco Bartolacci expresaron su preocupación por la falta de aplicación de la norma sancionada por el Congreso. Advirtieron sobre el impacto directo en los salarios docentes, las becas estudiantiles y el funcionamiento diario de las casas de altos estudios santafesinas.

Las máximas autoridades de las universidades públicas de la provincia de Santa Fe encendieron nuevamente las alarmas frente a la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema de educación superior. Los rectores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, exigieron formalmente al Gobierno nacional la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciaron severos retrasos e incumplimientos en el envío de las partidas presupuestarias comprometidas.

El reclamo conjunto pone de manifiesto la creciente tensión entre las casas de estudio y la administración central tras la sanción y ratificación de la normativa en el Congreso de la Nación. Según advirtieron los conductores académicos, la falta de actualización y giro de los fondos acordados pone en riesgo no solo el normal desarrollo del ciclo lectivo y las tareas de investigación, sino también el sostenimiento operativo básico de los edificios y servicios universitarios en todo el territorio provincial.

Uno de los puntos más críticos remarcados por los rectores refiere a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores docentes y nodocentes. Desde las conducciones de la UNL y la UNR remarcaron que el desfasaje inflacionario no compensado por los reajustes salariales discrecionales ha generado un deterioro histórico en los ingresos de los equipos de cátedra y del personal administrativo, derivando en un clima de alta conflictividad gremial y fuga de profesionales hacia el sector privado o el exterior.

A la situación salarial se suma la retracción en los programas de asistencia estudiantil. La falta de actualización de las partidas destinadas a becas, comedores y albergues universitarios amenaza con resentir la permanencia de miles de alumnos de sectores vulnerables, un eje clave para la inclusión social que caracteriza a las universidades públicas santafesinas.

Frente a este escenario, Mammarella y Bartolacci coincidieron en que la ley votada por el Poder Legislativo constituye una herramienta de previsibilidad indispensable para garantizar el derecho a la educación superior pública, gratuita y de calidad. Asimismo, remarcaron que el incumplimiento de las leyes aprobadas por el Congreso debilita las garantías institucionales y perjudica el desarrollo científico y tecnológico de la región.

Las autoridades universitarias ratificaron su compromiso de mantener los canales de diálogo abiertos con los ministerios nacionales correspondientes, al tiempo que advirtieron que continuarán coordinando acciones junto a los distintos claustros, gremios y la comunidad académica para visibilizar la gravedad de la situación y defender la continuidad de la educación pública.