La Mecha EncendidaUn reciente anuncio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, generó caos y desesperación entre los usuarios del transporte público con discapacidad. La nueva medida establece que, a partir del próximo viernes 19 de junio, los beneficiarios podrán viajar con el 100% de descuento en colectivos y trenes vinculando directamente su Certificado Único de Discapacidad (CUD) a la tarjeta SUBE, supuestamente eliminando la necesidad de exhibir el documento en formato físico. Sin embargo, el anuncio oficial —que fue presentado como un beneficio novedoso— derivó de inmediato en inconvenientes masivos debido a las severas fallas en la plataforma web de la tarjeta SUBE, la cual permaneció completamente caída durante las jornadas de inscripción.
La falta de funcionamiento del sistema virtual obligó a cientos de personas, muchas de ellas ancianas, con movilidad reducida o acompañadas por menores de edad, a volcarse de forma masiva a las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de Constitución y a diversas comunas. Frente a las versiones cruzadas de los propios choferes de colectivos, quienes advirtieron que a partir del viernes ya no se aceptaría el carnet físico, se registraron filas interminables con esperas de hasta cinco horas a la intemperie. El descontento generalizado de los afectados radica en que el beneficio de gratuidad ya existía por ley mediante la sola presentación del CUD, por lo que la modificación administrativa no agrega un derecho nuevo, sino que complejiza el acceso habitual al transporte.
La confusión en torno a la implementación de la medida también se trasladó al plano geográfico y jurisdiccional. El secretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Pablo Giachino, aclaró que la nueva reglamentación rige exclusivamente para las líneas de carácter nacional que operan dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que su aplicación no se extiende de forma automática al resto de los sistemas SUBE municipales y provinciales del país. El funcionario confirmó que las provincias aún esperan una convocatoria formal de las autoridades nacionales para coordinar la factibilidad técnica y conocer en detalle la instrumentación de los cambios en el interior.
Por su parte, organizaciones civiles como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) manifestaron su preocupación ante la total ausencia de canales informativos claros y la desprotección a la que se expuso a los ciudadanos. Entre las principales fallas operativas reportadas por los usuarios, se destaca la imposibilidad del software para procesar el trámite en aquellos beneficiarios que ya perciben una jubilación, dado que la base de datos bloquea el registro al detectar la convivencia de dos beneficios vigentes en un mismo plástico. Mientras el gobierno sostiene que ambos sistemas de acreditación —físico y digital— convivirán en paralelo, las familias y los cuidadores mantienen un fuerte escepticismo frente a las inminentes fiscalizaciones en los servicios de transporte.
