La Mecha EncendidaEl debate político y social en torno a la regulación de los cuidacoches —popularmente conocidos como "trapitos"— en la provincia de Santa Fe ingresó en una fase de máxima fricción institucional en la Legislatura.
Este jueves, una coalición de organismos de derechos humanos, sindicatos y agrupaciones civiles se presentó formalmente ante la Cámara de Senadores de la provincia para radicar un documento técnico que denuncia la presunta inconstitucionalidad del proyecto de ley orientado a prohibir y sancionar penalmente la actividad en la vía pública.
La presentación fue liderada por el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe y la asociación de profesionales Tramas – Derecho en Movimiento. Ambas entidades solicitaron con carácter de urgencia una audiencia con las comisiones parlamentarias que evalúan las reformas introducidas recientemente por la Cámara de Diputados al texto original que había nacido en el Senado.
De acuerdo con el dictamen de las organizaciones civiles, el proyecto de ley arrastra vicios legales de fondo insalvables que colisionan con tratados internacionales. El planteo técnico se estructura bajo las siguientes premisas.
Los fundamentos de los organismos apuntan a que la ley afecta de manera directa a personas en condiciones de extrema exclusión socioeconómica. Argumentan que los mecanismos prohibitivos y las escalas de sanciones propuestos terminan por criminalizar un trabajo de subsistencia informal, vulnerando de forma flagrante los principios de igualdad ante la ley y no discriminación.
Si bien en la Cámara de Diputados se le realizaron modificaciones para intentar salvaguardar el artículo 19 de la Constitución Nacional —que resguarda las acciones privadas de los hombres que de ningún modo dañen a terceros—, un sector de los legisladores provinciales votó en contra por considerar que los parches no subsanaban los problemas de fondo.
“El rol del Estado santafesino debería enfocarse de manera urgente en diseñar políticas integrales de inclusión social y oportunidades laborales genuinas, en lugar de aplicar medidas netamente punitivas que empujan a la marginalidad”, señalaron desde las agrupaciones civiles.
La controversia no solo divide el arco social, sino que genera fuertes discrepancias hacia el interior de Unidos para Cambiar Santa Fe, la propia coalición de gobierno que comanda los hilos del Poder Legislativo.
El escenario parlamentario ingresará formalmente en su etapa de definiciones el próximo martes 2 de julio, fecha que ya fue fijada para la sesión clave de la Cámara alta. En esa jornada, los senadores provinciales deberán resolver por el voto si aceptan las correcciones constitucionales de Diputados o si deciden insistir con su redacción original.
En la vereda opuesta a las ONG, los defensores del proyecto de prohibición total remarcan que la ley es un elemento urgente para devolverle el orden y la seguridad a las calles de las grandes urbes de la provincia, previniendo situaciones extorsivas y cobros indebidos de dinero. Más allá de lo que ocurra en los tableros de votación el 2 de julio, el debate de fondo sobre los límites de las penalidades estatales, el empleo informal y la subsistencia de los sectores marginados continuará en el epicentro de la agenda santafesina.
