La Mecha EncendidaEl colapso en la atención de la mayor obra social de América Latina no es un accidente de la naturaleza ni un problema de demanda estacional.
Es el resultado directo de decisiones políticas y administrativas tomadas en Buenos Aires por la dirección ejecutiva de Pami y el gobierno nacional, coinciden los distintos gremios que representan a trabajadoras y trabajadores de la salud.
Sin embargo, quienes pagan el costo real de ese ajuste no son los despachos oficiales de la Capital Federal, sino las guardias, los médicos y los presupuestos de los hospitales públicos de Santa Fe y sus municipios.
Es en este marco de vaciamiento, que se complementa con la desaparición del Programa remediar, que se da la Marcha Federal de este miércoles 20. La lógica del conflicto expone una profunda asimetría federal: mientras el gobierno nacional retiene y centraliza los aportes que mes a mes se les descuentan a los trabajadores activos y jubilados santafesinos, las prestaciones médicas locales se recortan de forma drástica.
Cuando la cobertura nacional falla, el jubilado no desaparece; se vuelca masivamente al único lugar que no le cierra la puerta: el sistema de salud pública provincial y municipal.
Rosario y la provincia subsidian a la Nación: La provincia de Santa Fe se convirtió en el principal amortiguador de la ineficiencia de la gestión nacional de Pami. Los datos del Ministerio de Salud santafesino exponen la magnitud del traslado de la carga.
El 25% de los pacientes con cobertura que hoy saturan las salas de espera de los efectores públicos provinciales son jubilados de Pami que migraron del sector privado por falta de respuestas operativas.
En el Gran Rosario, de un universo de 69.000 afiliados, más de 43.400 utilizan activamente los hospitales públicos provinciales y municipales ante el vaciamiento y el desvío de 10.000 cápitas de los policlínicos propios (Pami I y Pami II) hacia efectores privados saturados.”
Este escenario configura lo que las autoridades sanitarias locales definen como un «subsidio indirecto e involuntario». Cada gasa, cada cama de internación, cada sueldo médico y cada insumo que se utiliza para atender a un jubilado en el Hospital Alberdi, el Heca o el Centenario se paga con los impuestos de los contribuyentes santafesinos.
Se trata de un gasto millonario que le corresponde garantizar por ley al gobierno nacional y que hoy absorben las arcas locales.
